Este mes se cumplió un año de la aprobación de la Ley de Amnistía del Estado de México, que hasta el momento ha liberado a 2 mil personas de los distintos penales mexiquenses, de las cuales solo 112 han sido mujeres.
Por ello, presentamos un recuento de los hechos más relevantes del año sobre la aplicación de esta disposición, considerada “la más efectiva del todo el país”.
Fue aprobada el 17 de diciembre del 2020 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en “Gaceta del Gobierno” el 5 de enero del 2021.
Beneficia a las personas privadas de la libertad por ilícitos no graves o independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos y/o al debido proceso, como lo marca el artículo 4.
Hasta el momento se han liberado a 2 mil personas
El 4 de marzo del 2021 se comenzaron a recibir solicitudes de amnistía toda vez que los lineamientos fueron publicados en Gaceta de Gobierno.
En ese entonces, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), informó que en una primera etapa se esperaban 3 mil solicitudes.
Lo anterior, le dio esperanza a cientos de personas privadas de la libertad en los 22 penales del Estado de México, pero conforme pasó el tiempo éstas decayeron, al ver que solo se tomaban en cuenta los delitos menores.
Ante ello, los familiares comenzaron a manifestarse para pedir que se considerara a los presos por otros delitos, como lo establece el artículo 4.
El 24 de junio del 2021 se llevó a cabo la primera acción, de una serie de protestas que, desde entonces, los integrantes del movimiento “Haz Valer Mi Libertad” han realizado cada jueves.
Más de 20 mujeres: madres, hermanas, hijas, esposas y abuelas de personas presas, se raparon como un acto de protesta contra el Poder Judicial del Estado de México que se negaba a otorgar la amnistía a sus familiares.
A esto se sumó una huelga de hambre que inició el 13 de agosto del 2021 y finalizó 19 días después, debido al precario estado de salud que presentaban los huelguistas.
La Ley de Amnistía ha beneficiado a muchos mexiquenses
A finales de agosto, el Poder Judicial Federal otorgó un amparo a favor de 25 personas privadas de la libertad para que se admitieran y se diera trámite a las solicitudes que cuentan con pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), que habían sido desechadas.
Posteriormente, se abrió una mesa de diálogo interinstitucional para realizarse el análisis “caso por caso” de acusados por delitos de alto impacto que buscan la amnistía.
A mediados de octubre, el fundador de la organización “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”, José Humbertus Pérez Espinosa, anunció las primeras dos liberaciones por amnistía por delitos de alto impacto, antes de recibir sentencia.
Pérez Espinosa denunció que el Poder Judicial del Estado de México ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) han querido reconocer estas amnistías.
“Nosotros presentamos la solicitud, los abogados se la presentaron al juez, el juez aceptó la solicitud, conoce la que hace las opiniones consultivas del Poder Judicial, le pide el informe a los jueces y se dieron cuenta que no había elementos para sentenciar”, dijo.
El primero en recibir este beneficio -dijo- fue Víctor Abraham Centeno Hernández, de 26 años, quien se encontraba recluido en el penal Neza-Bordo, en Chimalhuacán y Marlen Soria Ponce, quien salió en libertad del penal de Chiconautla al no acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
El 25 de noviembre de 2021, la custodio Silvia Salazar salió del centro penitenciario de Santiaguito en Almoloya de Juárez, después de 3 años y 4 meses de “injusta” prisión, acusada de una fuga de reos.
Ésta fue la primera liberación por delitos graves que consiguió la plataforma “Haz Valer Mi Libertad”, a través de la Ley de Amnistía.
El 20 de diciembre Sodi Cuellar encabezó la entrega de constancias de liberación por amnistía a 36 personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario Santiaguito.
Atiende problema de discriminación estructural: Lara Duque
Antonio Lara Duque, defensor del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), consideró que durante el primer año de la Ley de Amnistía del Estado de México se han sentado las bases para atender este tema como un problema de discriminación estructural.
A su parecer, los resultados se verán reflejados el año entrante, pues se espera que en próximas fechas “decenas” de personas recuperen su libertad a través de este beneficio, entre ellas algunas acusadas de delitos de alto impacto.
Consideró que el diálogo que ha entablado esta organización con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos autónomos ha permitido encontrar una metodología que pone en evidencia la discriminación estructural con la que se ha sentenciado a muchos inocentes.
“Estamos en una discusión más allá de que si hubo un Ministerio Público o un juez que se equivocó. Es un problema estructural. Lo dijimos desde el principio y lo refrendamos: la cárcel está castigando la pobreza, está castigando el color de piel, está castigando el origen étnico”, insistió.
Lara Duque observó que la lucha social que han emprendido los familiares de las personas privadas de la libertad que integran la plataforma “Haz Valer mi Libertad” ha puesto en disputa la impartición de justicia en la entidad.
“De aquí para delante solo estará viendo resultados importantes en el avance de la amnistía viéndola como una política pública de reconocimiento de una discriminación estructural, falta mucho”, apuntó.
Consideró que para evitar que haya más presos inocentes en los penales mexiquenses es necesario trabajar para que las investigaciones de los policías sean más técnicas, objetivas y científicas. Para ello, dijo, es necesario reforzar la capacitación y formación de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
“Sabemos de casos en que no hay reactivos para las más elementales pruebas periciales, no hay guantes para las personas que hacen los peritajes. Eso evidentemente nos coloca en una posición de desventaja para todos en el acceso a la justicia”, dijo.
Observó que cuando una persona se encuentra en prisión injustamente, la víctima sufre una doble injusticia, pues el responsable sigue libre.
Buscan modificar artículo para ampliar beneficiados
En la entidad mexiquense se sigue encarcelando a personas presuntamente mediante violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, pero los “nuevos” presos ya no alcanzarán el perdón de las penas.
Toda vez que el artículo 1 de la Ley de Amnistía del Estado de México establece que sólo podrá decretarse este beneficio en el caso de delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor, es decir; del 5 de enero del 2020 hacia atrás.
Ante ello, los integrantes de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos buscan reformar este artículo, para beneficiar a más presos.
“El artículo 1° dice que conocerán solo los casos que se den antes de la publicación y de la entrada en vigor de la Ley. Eso quiere decir que después del 6 de enero ya no se podrán conocer casos de Ley de Amnistía y eso es limitante.
“Cada semana vemos muchas violaciones a los derechos humanos y fabricación de delitos”, lamentó José Humbertus Pérez, fundador de la organización.
Informó que, a la fecha, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos ha ingresado 810 solicitudes de amnistía, lo que representa el 78 por ciento del total.
Además, ha logrado la liberación de 56 personas por delitos no graves, y 3 por delitos de alto impacto antes de recibir sentencia: dos por tentativa de homicidio y una por robo de vehículo y homicidio.
Señaló que estas tres liberaciones no han sido reconocidas como amnistías, porque de lo contrario “se descubre y se exhibe el sistema de corrupción del sistema penal acusatorio”.
“No los han querido reconocer ni el presidente del Tribunal ni el fiscal, porque sí hemos resuelto tres”, dijo.
“Sí existe”, dice al salir de prisión
El pasado 25 de noviembre, la custodio Silvia Salazar salió del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde se encontraba presa sentenciada a 30 años de prisión. Su liberación fue la primera por amnistía que consiguió la plataforma “Haz Valer Mi Libertad”.
“La Ley de Amnistía sí existe”, dijo tras salir de prisión justo a las 10:00 de la noche.
Silvia es una mujer originaria de Zinacantepec. Trabajaba en el penal de Almoloya de Juárez y acababa de ser reubicada al centro penitenciario de Cuautitlán cuando se registró la fuga de tres internos, con el uso de un explosivo.
La custodio quedó debajo de los escombros tras la explosión y por el hecho de encontrarse en el lugar fue señalada como responsable del delito de evasión y daño a la propiedad.
Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), informó que en el caso de Silvia se contaban con elementos de posible discriminación.
Aun cuando Silvia Salazar recuperó la libertad, acompaña las protestas que llevan a cabo los integrantes de la plataforma Haz Valer Mi Libertad, como una forma de solidarizarse y agradecer al movimiento.
Lo que debes saber
Los delitos
Por los que las personas privadas de la libertad pueden solicitar la amnistía son: contra la salud, algunas modalidades de robo, relacionados con el medio ambiente, abigeato, aborto, resistencia, sedición, mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o la de sus descendientes y personas mayores de 65 años de edad.
El tiempo
Después de recibir las solicitudes, los jueces las analizan y determinarán si cumplen con los requisitos, para lo cual cuentan con un plazo de 30 días, que podrían prorrogarse 30 más.
El trámite
Para obtener amnistía puede ser iniciado por el propio imputado, su defensa, un familiar o por una organización civil u organismo público, si bien, se tienen hasta 60 días para determinar si se otorga o no, es posible hacer aclaraciones o corregir las solicitudes tres días después de su recepción.
SPM
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