Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para refrendar su compromiso de dirigir la lucha global para abatir al tabaquismo, la principal causa de mortandad prematura evitable en el mundo, que en México provoca el deceso de 60 mil personas al año.
Durante esta fecha se entregó un premio a Andrés Manuel López Obrador por haber impulsado la reciente modificación de la Ley General del Control del Tabaco (LGCT), la cual propone incrementar impuestos a los cigarros, colocar mayores pictogramas en las cajetillas e imponer prohibiciones más estrictas de uso en espacios públicos.
Seguramente los discursos laudatorios también mencionarán como un logro propio del sector salud el haber impulsado prohibiciones (avaladas por la OMS) contra tecnologías no-combustibles: vaporizadores o cigarros electrónicos y el tabaco calentado, las cuales ofrecen al fumador productos de consumo de nicotina de mucho menor riesgo que el cigarro tradicional.
Las encuestas demográficas señalan que la prevalencia de fumadores en México se ha mantenido estable entre el 15% y el 20% desde 1999, lo cual denota el fracaso de las autoridades de salud para abatir al tabaquismo.
A la fecha, su reacción ante este fracaso ha sido proponer legislación más agresiva como la mencionada modificación reciente de la LGCT. Sin embargo, legislar no cambiará la realidad del fumador mientras se insista en ofrecer únicamente los métodos tradicionales para dejar de fumar que no han funcionado a nivel poblacional.
Los fumadores pueden adquirir chicles y parches de nicotina cuyo costo por uso durante las 6 semanas de tratamiento es del orden de 4 mil pesos, además de que son poco eficaces y no es fácil conseguirlos (el fármaco Champix fue retirado del mercado).
El fumador también puede llamar a la “Línea de la Vida” de CONADIC y (en el mejor de los casos) ser enviado a una terapia conductual de 10 horas (en clínicas que pueden estar ubicadas lejos de su domicilio) sin seguimiento posterior.
Puede recibir apoyo profesional sin costo en clínicas del estado (Hospital General, IMSS, INER), las cuales por los recortes en el sector salud carecen de recursos y personal calificado.
En la práctica un fumador que vive en Iztapalapa y trabaja en Atizapán difícilmente dispone de recursos para adquirir los fármacos mencionados o del tiempo para acudir a clínicas o terapias y someterse al seguimiento y las pruebas necesarios.
De hecho, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), solamente el 3.5% de los fumadores con intención y motivación para dejar de fumar acudieron a la asesoría de un profesional en salud. Las clínicas públicas de cesación en la práctica (y suponiendo que cuenten con personal capacitado y recursos públicos) no pueden atender a millones de fumadores.
Ante este panorama desolador, la sustitución del cigarro de tabaco por productos no combustibles puede ser una opción más práctica y económica para millones de fumadores, ya que les mantiene el ritual de fumar disminuyendo enormemente los riesgos y la ansiedad de la abstinencia de nicotina, no requiere fármacos caros, ni modificar sus horarios o hábitos para acudir a hospitales o clínicas lejos de su domicilio.
Sin embargo, la viabilidad de los productos no combustibles para contribuir al mejoramiento de la salud de los fumadores requiere necesariamente una regulación adecuada, la cual debe otorgar ventajas sobre el producto contra el cual competirían: el cigarro de tabaco.
Además, una vez regulados estos productos le generarían al estado suficiente recaudación fiscal para compensar con creces al gasto público que implicaría fiscalizar el cumplimiento de las normas regulatorias, optimizando así los recursos públicos y disminuyendo al mercado negro.
Por último, la prohibición de estos productos criminaliza y deja desamparados a por lo menos un millón de personas que ya los consumen, la inmensa mayoría adultos exfumadores o fumadores que han experimentado beneficios a su salud.
Ante la necedad y cerrazón de la Secretaría de Salud empeñada en ésta absurda prohibición, la mayoría de los 17 millones de adultos fumadores mexicanos simplemente seguirán fumando cigarros tóxicos pese a los grandes discursos y las celebraciones del 31 de mayo.