El desarrollo de la infraestructura hidráulica es fundamental para el caso de México, ya que puede ser una fuente importante de integración geográfica dentro de la gran heterogeneidad espacial que predomina en el país (Aparicio, Villarespe, & Carlos, 2008).
Sin servicios de agua y alcantarillado el desarrollo de las ciudades no es factible, como tampoco lo será el crecimiento del comercio y la industria.
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, invertir 20 mil millones de pesos en infraestructura de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, podría crear hasta 100 mil empleos.
El agua no solo es un elemento fundamental como garante de derechos humanos, es también fundamental en la preservación del equilibrio ecológico y en el aseguramiento de la salud.
Tener acceso al agua también es un factor de reducción de la pobreza, además de ser un envión para el desarrollo económico de México.
En las últimas décadas, la planeación económica ha perdido espacios en la agenda del sector público. A nivel federal, la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto significó una señal inequívoca del cambio de paradigma económico dirigido a disminuir la participación del Estado en la política económica.
Recordemos aquella frase que mencionaría un secretario de Estado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, “la mejor política industrial es la que no existe”.
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Por citar un ejemplo específico, a nivel municipal los planes de desarrollo son esencialmente urbanos, que poco toman en cuenta la planeación económica, y parece no existir límites respecto a cuáles y donde habrán de establecerse las unidades económicas.
Se supone que deben existir factibilidades de provisión de agua para ciertas actividades y, sin embargo, casi nunca se cumplen.
Como resultado de lo anterior, México vivió una expansión de sus zonas urbanas y actividades económicas sin tomar en cuenta la disponibilidad de sus recursos naturales, como el agua, y sin tomar en cuenta vocaciones productivas sin que existiera el objetivo de buscar un equilibrio económico en todas las zonas del país, sin buscar producir lo que convenga en donde fuera más pertinente, sin proponer sustitución de cultivos con menor demanda de agua donde no existe suficiente disponibilidad, entre otras muchas cosas.
Un cambio de modelo de gestión del agua debe considerar estos aspectos.
El agua en un elemento que integra, que es transversal en su dimensión de análisis por los efectos que tiene sobre muchos aspectos de la vida natural y social, por ello no basta que se tomen medidas aisladas, que aunque parecen resolver en el corto plazo problemas de escasez, no será la solución a largo plazo si no se toma en cuenta el equilibrio que debe de existir entre garantizar un adecuado crecimiento económico, mantener puestos de trabajo que garanticen los salarios de las personas que vivan en éstas zonas del país.
La ciencia económica debe participar de forma más activa para proponer soluciones a la problemática que está presentándose (de forma más recurrente), en un modelo económico que solo toma en cuenta los recursos naturales como materia prima que, aunque es motivo de considerar como externalidad su afectación, recurren a una suerte de optimismo excesivo en que el avance tecnológico resolverá su forma extractivista de producir.
Lo anterior no es sostenible, la evidencia empírica nos confronta con estas teorías. Solo a través de nuevas formas de abordar los problemas podremos aspirar a un auténtico desarrollo sostenible.
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