En los momentos en que se vierten comentarios a favor y en contra sobre la pretensión del presidente de la república de emitir un decreto para que la Guardia Nacional cambie de adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, Guanajuato y Jalisco registraron actos de violencia con bloqueos y quema de vehículos y comercios.
Los hechos registrados al menos en 35 municipios de Guanajuato y por lo menos siete de Jalisco, que se derivaron por descubrir una reunión entre cabecillas de un grupo delictivo, tomaron dimensiones internacionales, incluso el Consulado de Estados Unidos emitió alerta de seguridad por los hechos que obligaron al cierre de comercios y suspensión de actividades académicas, entre otros.
El cambio de adscripción de la Guardia Nacional sin reforma constitucional de por medio seguramente ocasionará que la última opinión sobre ese decreto presidencial recaiga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las reacciones no se han hecho esperar, como la de Amnistía Internacional que argumenta que esa acción perpetuará el enfoque de militarizar la seguridad pública.
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De entrada genera ruido el traslape de esas funciones cuando son cuerpos con objeto y fines diferentes.
La Ley de la Guardia Nacional, que inició operaciones en el año 2019 como un cuerpo civil de seguridad, señala que su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
Entre sus fines se encuentran el salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.
Mientras que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señala como misiones generales: Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
La discusión de una presunta militarización de la seguridad pública no es nueva.
En el año de 1996 ante una crisis que se registraba en las corporaciones municipales de seguridad en el Estado de México, se instrumentó un programa de capacitación en coordinación con el Ejército Mexicano.
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Por ello, fue necesario que los elementos municipales que iban a la capacitación, fueran sustituidos en sus funciones de manera temporal por elementos castrenses. La situación encendió focos de atención, sin embargo, una vez concluida la instrucción, los policías regresaban a sus corporaciones y los militares a sus cuarteles.
Lo cierto es que en el México de hoy, urge un viraje a la política de seguridad en donde en los ámbitos de sus respectivas competencias los cuerpos de seguridad actúen de manera coordinada; se insista en la capacitación de los elementos y se fortalezca su equipamiento para dar una respuesta eficiente en la prevención y combate al delito.