Actualmente se adeudan cerca de mil 122 finiquitos a trabajadores que fueron despedidos durante la administración pasada encabezada por Juan Rodolfo Sánchez, los cuales se empezarán a pagar a partir de enero.
Los afectados, que llevan más de 8 meses sin recibir la compensación correspondiente, se suman a los empleados que fueron dados de baja durante la presente administración, ya que hasta el mes julio, los despidos continúan.
Así lo dio a conocer el regidor de Toluca, Mario Cardoso, quien explicó que existen 180 demandas ante la autoridad laboral que se presentaron durante la reestructuración administrativa que realizó este ayuntamiento y las cuales siguen con el proceso jurídico correspondiente.
Explicó que se trata de información otorgada por la titular del despacho externo contratado por la administración de Raymundo Martínez Carbajal para tratar asuntos de orden laboral, afirmó que le dará un voto de confianza.
“Le doy el beneficio de la duda a las alegres cifras que da el despacho externo; sin embargo, aún llegan a las oficinas de los ediles reclamos y exigencias de los pagos de dichos adeudos”.
El municipio cuenta con un pasivo de laudos, indemnizaciones y juicios en trámite de 388 millones 515 mil 403 pesos, 678 expedientes correspondientes a los años 2009 -2021 y 37 expedientes del 2022, radicados ante el tribunal estatal de conciliación y arbitraje.
Suman 90 expedientes que representan un contingente económico de 48 millones 858 mil 589 pesos.
Además, durante julio hubo 22 bajas, en una se llegó a un convenio para no reservarse acción legal y 21 restantes se encuentran en trámite de negociación.
El regidor ha mencionado en sesión de cabildo que los despidos que se han denunciado no solo son de aviadores sino también a trabajadores de forma injustificada y sin respetar sus derechos laborales.
“Si los hacen renunciar de manera casi a fuerzas, es un despido injustificado, porque la renuncia es voluntaria y ya cuando te coaccionan es despido injustificado, y ambos amerita pago correspondiente de finiquito”.
Mientras que el alcalde ha insistido en que la contraloría determinará su situación ya sea por el ministerio público o el órgano de fiscalización.