Diana Mancilla Álvarez

Guardia Nacional

Lo hecho, hecho está. Quizá debamos tratar de entender la aprobación de la iniciativa presentada por el PRI, para extender la presencia del Ejército en las calles.

En el Estado de México, con más de 16 millones de habitantes, cualquier fuerza policiaca es insuficiente para garantizar a la población las mínimas condiciones de seguridad. Ni la Secretaría de Seguridad Estatal ni las policías preventivas municipales, juntas, tienen la capacidad necesaria para prevenir y perseguir el delito, por eso ha sido imprescindible, en los últimos años, buscar la manera de tener elementos adicionales.

Para el ciudadano común se ha convertido en una costumbre observar al Ejército patrullar las calles junto a policías de la Secretaría de Seguridad y en ocasiones también de la Marina; eso se ha traducido en una sensación de seguridad para la población y en un refuerzo importante para los gobernantes.

Justamente han sido los propios mandatarios en turno quienes han solicitado la presencia de las fuerzas castrenses en la calle para inhibir la comisión de los delitos y para perseguir y combatir a los delincuentes. En este momento al menos 10 mil elementos del Ejército se encuentran en las calles de los 125 municipios mexiquenses.

¿Cuáles serían las condiciones de seguridad sin esa fuerza disuasiva y combativa? ¿Regresar a los soldados a sus cuarteles abonaría en una mejoría de la seguridad o la empeoraría? La respuesta a esas preguntas es la clave para entender por qué  interesa a todos los gobernantes del país mantener al Ejército en las calles.

Vale recordar las palabras del diputado Miguel Sámano Peralta para entender la iniciativa: “En el PRI queremos una Guardia Nacional civil, estamos convencidos de que la militarización del país no es la solución a los problemas de inseguridad y violencia; por ello votamos en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tras los constantes acontecimientos de violencia que se han registrado en diversas entidades, lo que se aprobó la tarde del miércoles fue en favor de la seguridad de los mexicanos; sería un despropósito regresar en este momento las fuerzas armadas a los cuarteles”.

Y bueno, desde que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los grupos criminales organizados, específicamente a los narcotraficantes, la presencia del Ejército se ha convertido en una constante, porque los criminales están en todas partes, en todos lados.

La propuesta aprobada por la mayoría calificada (con los votos de Morena-PT-PVEM-PRI) contempla ampliar el plazo de acompañamiento del Ejército a la Guardia Nacional hasta 2029, en caso de necesitarse y dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; además de la creación de una Comisión bicameral entre diputados y senadores para darle seguimiento.

La empresa Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, hizo un análisis sobre la utilización del Ejército para tareas de seguridad a partir de 2006, con el inicio del gobierno de Felipe Calderón hasta el actual. La consultora asegura que en esta administración, la militarización del país se ha consolidado como una política de Estado.

Hay que considerar que en su creación, la Guardia Nacional fue colocada bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero en los hechos ha sido una extensión de las Fuerzas Armadas.

Hay que darle tiempo a esta estrategia para conocer sus bondades y todo lo que puede mejorarse. Esperemos que sea por el bien del país.


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