La reforma eléctrica que impuso un incremento promedio nacional de 100% a los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento (SAPyS) en México cumple ya cuatro años de implementada, mismos años que, a través de la representación de los organismos operadores, se buscaron reuniones con las autoridades federales para hacerles ver el error que supuso por el impacto económico para un sector de utilidad e interés nacional, además de estar establecido como derechos humanos al agua y al saneamiento.
Con la llamada Reforma Energética, se eliminó la Tarifa de Estímulo para el servicio público de bombeo de aguas potables o negras, conocida como Tarifa 6, a partir de entonces los Prestadores de los Servicios de Agua y Saneamiento del país, se reclasificaron en su mayoría a tarifas industriales.
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En 2017 el subsector consumió 3 mil 276 millones 711 mil 607 Kw, con un pago total de 7 mil 174 millones 998 mil pesos, para 2019 aún con menor consumo, 2 mil 957 millones 232 mil 225 Kw, el pago total nacional subió a 14 mil 306 millones 598 mil 980 pesos.
De acuerdo al plan inicial, la idea era que se transitara a energías alternativas, que se participara en un mercado que ofreciera menores costos, obligados en parte por este incremento; sin embargo, el cambio de gobierno vino junto con una nueva conceptualización de los participantes diferentes a la CFE, con lo que el plan no tuvo resultado, pero lo que sí ocurrió, es que dejó en una situación de alta vulnerabilidad a los SAPyS.
Entre los considerandos que se planteó tanto a la CFE, como a la Secretaría de Energía estaba el hecho que regresar a una tarifa de estímulo no impactaría en las finanzas públicas del país. Para 2018 el consumo eléctrico del sector agua y saneamiento representó apenas 1.43 por ciento del consumo nacional, los ingresos de la CFE por la Tarifa 06 representaron apenas 3.49 por ciento del total.
Y además se comentó que era una buena oportunidad para buscar mejorar la eficiencia eléctrica, derivado de los ahorros por pago de energía eléctrica, con un programa de gran alcance los SAPyS podrían llevar a cabo acciones que tuvieran impactos ambientales positivos, como son: a) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), gracias a equipos y procesos energéticamente óptimos; b) saneamiento de cuerpos de agua, debido al tratamiento de aguas residuales en plantas que no operan por los altos costos de energía eléctrica; c) cogeneración de energía por captación de gas metano; y d) utilización de energías limpias.
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El compromiso de mejora de Eficiencia Energética de parte de los Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento consistiría en elaborar un diagnóstico energético, revisión y adecuación del modelo de operación, que incluye instalaciones físicas, y elaboración de un programa de rehabilitación y/o sustitución de equipos de bombeo.
El planteamiento es establecer una tarifa eléctrica preferente, considerando las tarifas que se aplican actualmente, (GDMTO, GDMTH, PDBT, GDBT) multiplicadas por Factor 0.5, pero sujeta de aplicación a cada organismo operador a llevar a cabo las acciones antes comentadas, no debemos dejar pasar más tiempo, la situación del subsector lo amerita, sería un ejemplo de política económica que realmente demuestre el compromiso con el agua.