Han pasado casi tres años desde que la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expidió la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis en México, con la intención de modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para una resolución por la despenalización del uso médico y lúdico de la marihuana.
En 2020, Olga Sanchez Cordero, entonces secretaria de gobierno, señaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sesgos y retrocesos en materia de salud pública y derechos humanos debido al modelo prohibicionista absoluto en nuestro país; “Será fundamental que la emisión de la ley reivindique cualquier estigma sobre el cannabis pues esto ha generado la prohibición tajante y ha retrasado su desarrollo”, señaló.
“Regular para no perseguir”
Sin duda, fue un momento coyuntural para el tema de política de drogas, pues no estaba interesado en fomentar el consumo de la marihuana, sino proponer un cambio radical en el paradigma federal “de la guerra contra las drogas”, impulsado por los gobiernos anteriores. La propuesta, buscaba abordar el tema no sólo desde un ámbito penal sino sobre todo, desde una perspectiva de políticas de salud y restauración en derechos humanos.
En este contexto, surgieron espacios de resistencia y tolerancia cannábica, donde colaboraron organizaciones civiles y grupos de simpatizantes por la cannabis de uso médico y lúdico, como el Plantón 4:20, instalado en las afueras del Senado de la República en CDMX, retirado hace algunos meses. Sin duda es uno de los más recordados, por impulsar, por lo menos en sus inicios, información y politización de la planta.
Hasta aquí, podríamos preguntarnos ¿se abandonó este proyecto de la agenda pública? ¿La narrativa de la “guerra contra las drogas” sigue vigente?, los avances y retrocesos de la despenalización de la marihuana no pueden ser analizados de forma aislada, sobre todo porque las prácticas, usos y la economía de está planta, siguen ligados a otros problemas históricos, como el crimen organizado y redes de corrupción en órganos desconcentrados, ejemplo de ello, son los últimos permisos otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a empresas de productos cannábicos derivados ligados a la familia Fox.
DB