La fracción de Morena en el Congreso Local retomó la denominada “Ley Ingrid”, con la que en la entidad se buscará penalizar la revelación o difusión de imágenes o información de víctimas. Además, prevé agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres y cometido por servidores públicos.
La iniciativa fue presentada por la diputada Liliana Gollas Trejo, quien argumentó que tiene cuatro objetivos. El primero, establecer el tipo penal autónomo que establezca previsión de sanción para las personas que de manera indebida revelen o difundan imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
Además, instituir agravantes en casos donde la información difundida constituya una posible lesión a la dignidad o a la memoria de víctimas directas o indirectas.
Gollas Trejo también explicó que se busca fortalecer la protección legal a los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática de género.
A quien incurra en este delito se le impondrán penas de entre 3 a 6 años de prisión, así como una multa de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a casi 9 mil pesos.
Y si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.
Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas aumentarán hasta en una mitad.
Liliana Gollas Trejo retomó el caso de la joven Ingrid Escamilla, registrado en la Ciudad de México, quien fue asesinada y desollada por su pareja, y cuyas fotos fueron filtradas en redes sociales, y publicadas en medios de comunicación, afectando su dignidad como víctima y la de su familia.
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