Tal como ya había sido anunciado por Maurilio Hernández, coordinador de Morena en la Cámara local, el sábado pasado el coordinador del equipo de transición de la gobernadora electa, Horacio Duarte, declaró que el gobierno será objeto de una reingeniería administrativa, que tiene como fin hacerlo austero y eficiente. Para lograrlo se estudia la posibilidad de cambiar nombres de secretarías y fusionar o compactar plazas de la alta burocracia (sin tocar las de base y sindicalizadas) a fin de generar ahorros que puedan destinarse a obras prioritarias. También se anunció que se revisarán las asociaciones público privadas, que tantos compromisos económicos generan cada año.
La iniciativa es promisoria porque parte de un hecho indiscutible: tal como ha funcionado la administración pública estatal desde hace 94 años ha sido incapaz de resolver los graves problemas de sus habitantes. Una de las causas ha sido el excesivo centralismo administrativo en la toma de decisiones. Durante muchas décadas todas las dependencias gubernamentales tuvieron su sede en el Valle de Toluca-Atlacomulco y no en la Zona Metropolitana del Valle de México(ZMVM). Pero no solo eso, todo su personal, salvo excepciones, nacía y residía ahí. Eso mismo se podría decir del Poder Judicial e incluso del Legislativo, el menos proclive por obvias razones.
La administración pública estatal ha vivido muchas décadas de centralismo geográfico, que no ha sido superado. Hasta la fecha gran parte del personal que trabaja en los centros de justicia, penales, hospitales, universidades, escuelas y otros organismos son nativos del Valle de Toluca-Atlacomulco. Se han dado casos extremos en los que incluso los presidentes municipales de la ZMVM han sido enviados desde Toluca, sin importar que incumplieran con el requisito de residencia. Por ejemplo, Juan Monroy Pérez fue alcalde de Naucalpan en 1973 y Gabriel Ezeta Moll fue el primer alcalde de Cuautitlán Izcalli, pero los casos son muchos más.
Pero esta tendencia centralista también se vivió en el poder legislativo. Por ejemplo, a Salvador Sánchez Colín se le hizo diputado por Texcoco en 1950, aunque solo había estudiado ahí, porque había nacido en Atlacomulco. En el caso del poder judicial ha sido todavía más claro el centralismo geográfico. Casi todos los magistrados y jueces han sido nativos o residentes del valle de Toluca-Atlacomulco. Por esa misma razón, hasta la fecha se mantiene la costumbre de que todos los días salen autobuses de la Toluca hacia todos los tribunales y juzgados de la ZMVM.
Con estos antecedentes es fácil imaginar las dificultades que enfrentará la reingeniería administrativa que se pretende hacer en el gobierno de Delfina Gómez. La administración pública local ha estado dominada, históricamente hablando, por los nacidos en el Valle Toluca-Atlacomulco, en detrimento de los nacidos en otras regiones. El problema de es que se ha gobernado con una visión “tolucentrista”, sin considerar los intereses de los habitantes del resto del estado.
Este hecho ha provocado graves rezagos, por ejemplo, que la educación superior en la ZMVM fuera atendida exclusivamente por la Federación hasta mediados de la década de 1980, a través de la UNAM y el IPN, o que la atención médica se hiciera en hospitales federales o de la CDMX. Lo mismo pasó con las demandas de transporte, cultura y recreación, entre otras, de los habitantes de esa zona. Ya es necesario cambiar esta visión de gobierno excluyente.
TAR