Este 28 de septiembre, en las calles de Toluca retumbarán voces de muchas valientes. Contingentes de mujeres determinadas marcharán rumbo al Palacio Legislativo, uniendo fuerzas y esperanzas para pronunciarse en favor de la interrupción legal del embarazo. La fecha no es casualidad: se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, un llamado universal para que los derechos y la autonomía de las mujeres sean respetados y garantizados.
Pero en Toluca es solo una pequeña parte de la urgente demanda a nivel mundial por cambiar las narrativas y políticas alrededor del aborto. Las mujeres no marchan por un capricho o una moda pasajera; marchan por la dignidad, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, por el respeto a su autonomía y por la garantía de que, en caso de tomar la decisión de interrumpir un embarazo, puedan hacerlo en condiciones de seguridad y sin ser estigmatizadas.
Pero no es un camino fácil. Aunque la marea verde ha avanzado en diferentes puntos del planeta, todavía existen numerosas barreras culturales, sociales y legales que obstaculizan el pleno acceso al aborto seguro. Exigir a los diputados y diputadas es, por lo tanto, más que una manifestación, una exigencia. Una demanda clara para que las autoridades entiendan que los derechos de las mujeres no pueden ser postergados. En pleno siglo XXI, resulta imperativo que la sociedad y el gobierno se posicionen del lado correcto de la historia: el de la libertad, el respeto y la igualdad.
La diputada local Paola Jiménez Hernández, en una conferencia con asociadas al Consejo coordinador de mujeres Empresarias del Estado de México dio algunas cifras alarmantes y dijo que vivimos en tiempos modernos, pero arrastramos creencias y prácticas antiguas que perpetúan la injusticia en la que 7 de cada 10 mujeres son abandonadas a su suerte tras informar a su pareja que están embarazadas.
Es decir, es increíble que 70 por ciento de las que, por descuido o por ignorancia y están con un embarazo no deseado, sean segregadas socialmente y se conviertan en una estadística real en pleno siglo XXI, lo que debe ser un llamado a revisar nuestra ética y valores como sociedad.
La legisladora, promotora de los derechos de las mujeres, dijo que en la pandemia se incrementó 400 por ciento de los abusos sexuales.
Las mujeres son abandonadas, vilipendiadas y sometidas a violencia obstétrica tras un acto en el que participaron dos. ¿Por qué solo una de las partes paga el precio? Y peor aún, que ahora niñas de apenas 13 años se encuentren en esta situación es una señal de alarma de que algo está fundamentalmente roto en nuestro tejido social.
Defender el derecho al aborto no es promover una cultura del descarte, sino entender que cada mujer tiene el derecho y el poder de decisión sobre su cuerpo y su vida. Es proteger a esas jóvenes que, con un futuro brillante por delante, podrían verse atrapadas en circunstancias que no eligieron.
Es hora de que, en lugar de juzgar y abandonar, apoyemos y eduquemos. Para una sociedad más justa, empática y equitativa, es esencial entender que el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es un pilar fundamental de la libertad y dignidad de cada una.
DB