La diputada Azucena Cisneros Coss quiere que desaparezcan el Sistema Estatal Anticorrupción y el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM) por considerar que no son funcionales.
La legisladora tiene razón en que poco se ha visto de lo que han hecho, pero primero debe hacerse un análisis exhaustivo de las tareas realizadas por éstos. Los organismos ciudadanos son parte de la lucha constante porque no sólo sea el sistema el que tome decisiones, muchas veces arbitrarias.
Los servidores públicos deben saber que están siendo observados y si el Sistema Anticorrupción no ha sido lo eficiente que se quiere, basta con que lo hagan más funcional. Para ello, los diputados y las diputadas tienen el poder para lograrlo.
En el caso del Infoem, que preside José Martínez Vilchis, son miles y miles las solicitudes de información que se hacen al organismo cada año. Muchas de las denuncias de corrupción que se han manejado en medios de comunicación, como la Estafa Maestra y la Casa Blanca, por mencionar algunos, han sido gracias a la transparencia y a la información que por ley debe entregarse a todo ciudadano como parte del derecho a la información pública.
Es muy difícil construir las instituciones. Son años de lucha y experiencia para llegar hasta ese punto. Hacerlos más efectivos y austeros en salarios sería lo conveniente, pero no desaparecerlos.
Desaparecerlos de un plumazo no es la alternativa. Las instituciones siempre son perfectibles. Es claro que la selección de los consejeros debe ser abierta y clara. No deben ser de ninguna manera cotos de poder ni moneda de cambio.
El Sistema Anticorrupción no debe sólo denunciar, sino hacer campañas de concientización entre los servidores públicos, que de verdad sirvan, para evitar actos irregulares. Pero también, hacer públicas las sanciones que han realizado, para que aquellos que son responsables no puedan estar en el servicio público, pero de verdad.
Y el derecho a la información pública es nada menos lo siguiente: “Es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso”. Nada debe ser ocultado.
La transparencia es una obligación de todos aquellos que manejan recursos públicos, que es dinero de nuestros impuestos. Un favor no se hace.
TAR