Año y medio le requerirá a la administración de Delfina Gómez Álvarez el proceso de regularización de los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem) y convertirlo en un organismo más, en la que participarán secretarías del estado y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
El titular de seguridad del estado, Andrés Andrade Téllez, confirmó el proyecto y diagnóstico que se tiene para resolver el caso del CUSAEM, el cual ha sido objeto de señalamientos reiterados y ser uno de los principales deudores por aportaciones al ISSEMyM.
Regularización de CUSAEM requerirá año y medio
Admitió que se está ante un caso complejo porque desde hace 90 años dicha corporación opera bajo una figura jurídica híbrida.
“Esperamos hacerlo a lo mejor en 12 o 18 meses, no es sencillo en un tema muy complejo son más de 90 años que es una corporación con una naturaleza híbrida y medio jurídicamente complicada”, expresó.
Andrade Téllez resaltó que la regularización del CUSAEM consta de dos fases, y en la que participan autoridades de la dependencia a su cargo y de la Secretaría de Finanzas, sumados a las del ISSEMyM.
Explicó que en una primera etapa se lleva a cabo su saneamiento financiero y administrativo dentro de su propio esquema, y uno segundo será convertirlo en un ente público, donde se fiscalice los recursos que entran a sus arcas y que sean debidamente aplicados.
Y dentro del mismo proceso están dignificando de los elementos desde que tengan salarios dignos y prestaciones.
“En donde se maneje como cualquier otro tipo de dependencia u organismo, donde los recursos ingresen a las arcas estatales sean fiscalizados, tengan un buen destino y es la única forma que hemos encontrado que creemos que es la correcta para atender esta situación”, indicó.
El CUSAEM cuenta con 20 mil elementos, quienes están asignados a la vigilancia privada y no pública, por lo que se ha cuestionado que debe revisarse la función de esa corporación.
Actualmente se cuenta con 20 mil elementos
En abril del 2022, la bancada de Morena ingresó un proyecto que busca hacer obligatorio que a la Legislatura local se le entreguen copias del reglamento, manuales de organización, protocolos y acuerdos sobre la organización y funcionamiento de la misma.
El punto estableció que, de no contar con esta información, se ordenará el cese de las actividades de estos cuerpos de seguridad hasta definir su naturaleza jurídica de creación, funcionamiento y rendición de cuentas de ingresos y egresos.
Y los legisladores morenistas han señalado que fue prácticamente la policía privada del expresidente Enrique Peña Nieto, que de 2013 a 2018 obtuvo contratos por 3 mil millones de pesos y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga sus contratos por más de 800 millones de pesos para resguardar las instalaciones de la entonces Policía Federal.
SPM