Nuestro país tiene el orgullo ser el creador del Derecho Social, es decir en prácticamente todo el mundo jurídico sólo existe el Derecho Público y el Derecho Privado (civil, familiar, etc.), pero en México, en la Constitución del 5 de febrero de 1917 en los artículos 27(materia agraria) y el 123 (materia del trabajo) quedaron consagrados los derechos de esos dos sectores de la clase trabajadora.
En materia laboral, al final del sexenio del Presidente Felipe Calderón comenzó la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyos titulares eran designados por el Poder Ejecutivo Federal y estatal, al Poder Judicial, tanto Federal como de los 32 Tribunales estatales, lo cual al menos desde el año 2012 se comenzó hacer evidente en muchos estados del país, destacando en ello sobre manera en Estado de México, a través del Poder Judicial que encabeza actualmente su Presidente Ricardo Sodi, quien le ha puesto mucho más interés. Estos regulan las relaciones entre los trabajadores y las empresas del sector privado.
Las relaciones laborales entre los trabajadores y el Gobierno (patrón) los juicios los sigue resolviendo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje federal y sus equivalentes en las entidades, cuyos titulares son designados por el Presidente de la República y los Gobernadores en Turno.
El INEGI informó recientemente que se incrementaron los juicios en casi 500%, para ser precisos 494%. Mientras en 2021 se abrieron 18 mil 420 procedimientos de este tipo, el año pasado fueron 91 mil 49, de acuerdo con el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Es de llamar la atención que parece ser que uno de los daños colaterales del COVID (2020-2023) es precisamente la relación laboral, especialistas en la materia señalan dijo que las condiciones de trabajo, de seguridad, los salarios, no son los óptimos y eso hace que crezca el descontento laboral, y, por lo tanto, que aumenten las demandas ante el órgano jurisdiccional. Y la pandemia, un acto sin precedentes, retrasó la impartición de justicia debido al cierre de juzgados, tribunales, juntas de trabajo y salas.
Legisladores federales han aprobado reformas en materia laboral, como la eliminación de la subcontratación (outsourcing), el aumento de días vacaciones, además de que promovió el alza de los salarios mínimos, lo que también contribuyó a que aumentaran los juicios.
Particularmente la eliminación del outsourcing, por ejemplo, generó inconformidades en los trabajadores que fueron despedidos sin liquidación, debido a que en los contratos bajo el esquema de subcontratación no consideraban este derecho.
Es un tema de la mayor relevancia para la productividad nacional, donde participa el sector privado, quienes son los generadores de los empleos, el trabajador con su sindicato, y el gobierno que debe ser solo un facilitador de las mejores condiciones para que ambas partes avancen en favor de la economía.
Estoy seguro de que los Juzgados Federales y Estatales se encuentran completamente rebasados ante el gran incremento de juicios, desafortunadamente lo que retrasa las sentencia, ejecución y por ende dañan solo al trabajador.