Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer, sin cambios, la minuta que regula la práctica conocida como outsourcing y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.
“Es una reforma de trascendencia histórica”, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a unos 8 millones de trabajadores y frenar una evasión cercana a 500 mil millones de pesos al año, expuso ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia.
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Votaron a favor 118, cero en contra y dos abstenciones
La reforma, aprobada con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, es la más importante del gobierno del presidente López Obrador en materia laboral, ya que además de llevar justicia a los trabajadores, permitirá generar mayores recursos para financiar los programas de desarrollo y de crecimiento de México, aseguró.
Una treintena de oradores, la mayoría de Morena, celebraron también la reforma a ocho ordenamientos que prohíben expresamente el outsourcing, tanto en el sector privado como en el público, excepto en el caso de servicios y trabajos especializados y da un plazo de un año al gobierno federal y tres meses a las empresas privadas con subcontratación ilegal para regularizar su situación, una vez promulgada la nueva norma.
En caso de que los empresarios incumplan la legislación las sanciones son severas, ya que el outsourcing se equipara con defraudación fiscal, delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. Las firmas deberán registrar en la nómina central a sus trabajadores, darlos de alta al Seguro Social con sus salarios reales y pagarles todas las prestaciones, incluido el reparto de utilidades hasta por tres meses.
Ya era hora de que el Congreso interviniera, expuso el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien detalló que la reforma es un acto de justicia para los trabajadores, fortalece el empleo y elimina las prácticas abusivas, sin afectar los esquemas de producción de los esquemas de producción de las empresas.
Igualmente, el senador Martí Batres resaltó que la reforma es parte de las reivindicaciones del gobierno del presidente López Obrador para los trabajadores, a los que las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) explotaron y privaron de sus derechos.
“Le vamos a corregir la plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012 le partieron la madre a los trabajadores”, señaló el también morenista Casimiro Méndez, en referencia a la reforma laboral que prácticamente legalizó el outsourcing.
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Defraudación al IMSS por hasta $50 mil millones
Otro senador de Morena, Germán Martínez Cázares, expuso que se acabará la subcontratación con la que se defraudó al IMSS , hasta por 50 mil millones de pesos al año, cifra necesaria para comprar fármacos y pagar al personal médico durante la pandemia.
La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu destacó que se estableciera “la responsabilidad solidaria por parte de las personas que subcontraten servicios con una contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores”.
Su compañera Beatriz Paredes expuso que la reforma alude a ¿cómo evitar que se hurte a los trabajadores lo que su derecho le da de seguridad social? ¿Cómo evitar que a centenares de jóvenes ilusionados por tener un empleo se les escatimara su derecho a organizarse? Y consideró que debe ahora abordarse la problemática de los jornaleros agrícolas, para que no se vuelva a dar ningún tipo de sobrexplotación en el campo mexicano.
El PAN votó a favor, pero Gustavo Madero adelantó que pedirían que, al igual que en el caso de entidades gubernamentales, los empresarios tuvieran plazo de un año y no de tres meses para regularizarse. La panista Kenia López Rabadán lo presentó luego como reserva, al igual que el Partido de la Revolución Democrática, pero fue rechazado por la mayoría de Morena y aliados.
La reforma, que modifica la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, del Infonavit, entre otras, es resultado de dos años de lucha, de enfrentar “campañas en contra desde afuera, y a veces hasta de adentro”, que trataron de frenar esa regulación del outsourcing, que ahora es una realidad, concluyó el senador Gómez Urrutia, por segunda vez en tribuna.
Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas
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