El 15 de julio de 2018 se registró una explosión y fuga de tres internos del Penal de Cuautitlán y los Juzgados penales; bajo los escombros quedó la custodia Silvia Salazar, a quien sentenciaron a 32 años de cárcel por evasión y daño en bienes. La familia busca que sea beneficiaria de la Ley de Amnistía si en audiencia de apelación, no resuelven a favor pues consideran que fue acusada injustamente.
A unas horas de que en el Poder Judicial los jueces resuelvan dicha apelación a la sentencia que se dio en septiembre de 2020, familiares, amigos e integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros (CDHZL) se manifestaron en la Plaza de los Mártires para exigir justicia y que la dejen en libertad.
El coordinador del CDHZL, José Antonio Luque Lara, explicó que Silvia es una madre de familia originaria de Zinacantepec y que para sacar adelante a su familia ingresó a trabajar como custodia en el Penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, de donde la trasladaron a Cuautitlán.
Ese 15 de julio, Silvia tenía apenas tres semanas en Cuautitlán, México, cuando los internos que pretendían evadirse, primero la amagaron y sometieron para llevarla hasta el área a donde hicieron explotar un artefacto explosivo, en donde la abandonaron debajo de los escombros.
“Lejos de ser considerada como es, víctima, fue amagada, sometida por quienes se fugaron, incluso usaron un explosivo para derrumbar el lugar por donde iba a salir; SIlvia quedó en los escombros, su vida corrió riesgo, se presenta a declarar y aquí viene la parte transversal en la fabricación de culpables; el gobierno del estado y el Poder Judicial necesitaban presentar a culpables de esa fuga, entonces lo más fácil fue exponer a la mujer que se encontró abajo de los escombros”, mencionó.
Aseguró que las autoridades no tienen ni una sola prueba que la señale directamente de una participación en la fuga. Sin embargo, “dice el Poder Judicial es que hay un cúmulo de sospechas, es decir, el por qué estaba en el lugar en donde ocurrió la explosión, y con el argumento la sentenció como responsable de la evasión y daños a los juzgados con la explosión”.
Silvia está incluida en la plataforma “Haz valer mi libertad”, es decir, dentro de las personas que consideran pueden ser beneficiarios de de la Ley de Amnistía en caso de que este jueves no le resuelvan a favor la apelación.
El 18 de septiembre de 2020, más de dos años después de dicha evasión y explosión que dañó los Juzgados de Control y Juicio Oral de Cuautitlán, se informó que Silvia era sentenciada a 32 años de prisión. Esto porque se resolvió que facilitó que seis internos accedieran al área de seguridad de la Sala 5 de los juzgados, quienes colocaron un artefacto que explotó y permitió la evasión de tres personas.
Las autoridades indicaron que ella era la única mujer encargada de dar acceso a la puerta que conduce a dicha área; de los tres evadidos, uno fue detenido ese mismo día y cambiado de penal. Además de los 32 años, Silvia debe pagar multas por 68 mil 510 pesos y 3 millones 238 mil 275 pesos de reparación del daño al Poder Judicial tras la explosión.
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