México es un país que requiere una importante gestión pública del agua debido a la disparidad de la disponibilidad del agua en el país, al desequilibrio económico de las diferentes zonas y recientemente, por el impacto del cambio climático. En el gobierno del presidente Miguel Alemán (1947), se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), que supliría a la Comisión Nacional de Irrigación, encargada principalmente de obras de riego. Nace a la par del modelo de sustitución de importaciones, que tenía como objetivo impulsar la industrialización nacional, de ahí que la nueva secretaría tuviera el objetivo de impulsar el desarrollo económico del entonces creciente sector industrial y agrícola, así como de proveer a las zonas urbanas de los servicios relacionados con el agua. Otra aportación al desarrollo de la gestión hídrica sería la creación del entonces Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas en 1933, hoy BANOBRAS, institución que impulsó de forma importante la construcción de obras para el sector urbano, incluída el agua y el alcantarillado.
Durante la existencia de la SRH se construyeron grandes obras hidráulicas, se incrementó de forma importante la dotación de los servicios públicos en México, importante también el diseño de políticas encaminadas a la generación eléctrica, la realización de un inventario del agua disponible, y los inicios de la necesaria administración del agua a través de cuencas hidrológicas, desde ese entonces nuestro país requería una distribución justa y equitativa.
En ese entonces el presupuesto de la SRA alcanzaba el 10% del presupuesto federal (CONAGUA, 2009), pronto sería un referente internacional que servía de apoyo a otros países, desafortunadamente en el gobierno del presidente López Portillo, se extinguiría, para pasar algunas de sus funciones a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la que sería conocida a partir de entonces, como Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en 1976. Esta decisión debilitó la capacidad institucional en la gestión del agua, en una decisión administrativa que no valoró su importancia y, que a la postre permitió la creación de un modelo limitado y con problemas estructurales que no permite atender el aumento de los retos y problemas asociados.
Bajo las condiciones actuales, con un porcentaje de 55.9%, con un proceso de búsqueda de atracción de inversiones, con un programa de desarrollo de la zona sur del país, y con un gobierno con enfoque de derechos humanos y búsqueda de bienestar social, se hace necesario, plantearnos qué tipo de institución necesitamos para la gestión del agua, y quizá una de las respuestas es que requerimos una con las máximas capacidades institucionales, lo que significa que elevar a nivel Secretaría el manejo del agua, significa revertir errores administrativos del pasado, reconocer su importancia para el logro de los grandes objetivos nacionales.
Por supuesto que deberá venir acompañada de un presupuesto acorde a su creación, pensar en que hoy se invirtiera el 10% del presupuesto federal como lo tenía la SRA, significaría invertir poco más de 900 mil millones de pesos, casi un billón de pesos, es decir casi 15 veces de su presupuesto actual, pero mucho se avanzaría con un incremento sustancial. Deberá ser transversal, transdisciplinaria, con capacidad de regulación nacional, y por supuesto y para ello se deberá contar con el marco normativo que le permita ejercer sus funciones, el anuncio de elevar a Secretaría al CONAHCYT, puede ser el preámbulo de una decisión que cuenta con los mismos o más elementos para justificar la creación de la Secretaría de Gestión del Agua Federal.