El Estado de México y Sinaloa firmaron un acuerdo para coordinarse en materia de los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, donde para el primer caso su ley en la materia se publicó en mayo del 2021 y para la segunda en el mismo mes pero del 2022.
En el documento ambas entidades establecen su disposición de coadyuvar para cumplir la normatividad en la materia.
Según el Mecanismo de Protección a Periodistas mexiquense en 3 años se han registrado 103 agresiones contra el gremio y se otorgaron 44 medidas de protección.
El mecanismo de protección a periodistas incluye capacitación y promoción
En dicho contexto, la entidad mexiquense y la sinaloense establecen participar en actividades conjuntas de capacitación, promoción y difusión dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a través de cursos, talleres, conferencias u otros eventos, a través de convenios de colaboración y en coordinación con otras autoridades de autoridades u organismos.
El implementar y dar seguimiento de las medidas de protección señaladas que establecen la normatividad de ambos estados, de acuerdo al ámbito de su competencia y considerando la disponibilidad presupuestal, en beneficio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que por motivo de su actividad se encuentren en situación de riesgo.
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El 40 por ciento de las agresiones son cometidos por servidores públicos
El generar los canales de comunicación necesarios para dar la atención y el seguimiento correspondiente de personas defensoras y periodistas incorporadas a ambos Mecanismos, con base en las atribuciones
de cada institución.
De igual manera, promover el estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Para el caso de la entidad el 40 por ciento de las agresiones a periodistas son cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno y se fiscalizan en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca.
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TAR