Uno de los debates recurrentes es la gestión pública es el tratamiento que se le dá a los servicios públicos. Durante décadas, y bajo el sistema político mexicano de mediados del siglo XX, trabajar para el gobierno era sinónimo de estatus, de reconocimiento, aunque en muy poco tiempo se desvirtuó. En la cultura e imaginario popular a partir de los 70 se convirtió en sinónimo de poco esfuerzo, de personas que mediante malos tratos mal cumplían con sus responsabilidades.
Tal vez fue eso, y sumado a los abusos de la alta burocracia, que contaban con altos sueldos, prestaciones y canonjías que rayaban en lo ofensivo, es que pronto se volvió una bandera para un cambió que se exigía desde los grupos antagónicos del poder.
Con la llegada de la izquierda al poder, estos abusos fueron atacados, se atendió la demanda de eliminar la casta dorada en que se habían convertido los altos funcionarios públicos, salvo contadas excepciones, por supuesto. Sin embargo, hay un común denominador en el pensamiento de la izquierda y es el de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pero, ¿hasta dónde se pueden y deben dividir aquellos que trabajan para el gobierno, cualquiera que sea su nivel, y aquellos que laboran para el sector privado?
Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que en la búsqueda de eliminar privilegios, se ha sacrificado a todos por igual. Las restricciones presupuestales han disminuído prestaciones, congelado sueldos, deteriorado las condiciones generales de trabajo, que estamos seguros no debía ser el objetivo inicial de una política laborar correctiva del servicio público. Por supuesto, no podemos poner en la misma bolsa a los trabajadores de base y aquellos de confianza, los primeros responden a condiciones sociales muy distintas.
Lo que por mucho tiempo se pidió es que hubiera eficiencia y calidad en la prestación de los servicios gubernamentales, que hicieran su trabajo, que fueran empáticos, pero también que tuvieran las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Por supuesto, el servicio público tiene una connotación distinta a otros trabajos, conlleva un espíritu de servicio hacia los demás, se representan instituciones y se trabaja por un bien común. Tampoco debemos olvidar que como miembros de nuestra sociedad tienen objetivos, aspiraciones y deseos de mejorar sus condiciones de vida.
Lo que hoy tenemos son servidores públicos en la prestación de los servicios de agua que requieren de una constante capacitación técnica, que implica riesgos asociados a su trabajo y que no se está reconociendo que hace falta mayores apoyos, un adecuado servicio civil de carrera que les garantice eliminar vaivenes políticos o de grupo. Que elimine la tentación de prácticas al margen de la ley y que esa sea su incentivo para permanecer en sus puestos, pero también reconocer que los empleados de confianza están asociados a responsabilidades en sus encargos que también pueden desincentivar la aceptación de un puesto de trabajo por los riesgos que este implique, en el caso del subsector agua y saneamiento, la gran mayoría de los puestos requieren de un alto perfil técnico, perfiles que no siempre están relacionados a un espíritu de servicio, son perfiles que buscarán las mejores ofertas para decidir entre trabajar para el gobierno.
Mucho tiene que ver con un adecuado sistema de formación y desarrollo del capital humano con que cuenta el gobierno, para brindar servicios de calidad requerimos de profesionalización y de que se cuente con lo necesario, hay mucho que hacer en el diseño de éstas políticas.
PAT
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