Terminar con cotos de poder, imponer el beneficio de la gente sobre intereses políticos y personales, así como terminar con líderes y servidores públicos con doble moral que impiden ordenar al transporte en el Estado de México, son sólo algunos de los retos que deben ser atendidos por parte de la recién fusionada Secretaría de Movilidad, opinaron transportistas.
Hay confianza en que el nuevo titular de la Secretaría de Movilidad, Luis Limón Chávez, pueda avanzar en el tema. Admite que el transporte es un “monstruo de mil cabezas” al que le permitió crecer a lo largo de varios años. Dice que es imposible terminar de inmediato con toda su problemática, pero sí es necesario combatirlo.
El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, Odilón López Nava, explicó que la reingeniería en la dependencia representa una gran oportunidad de recomponer el camino en pro de un servicio de calidad para los ciudadanos.
Abundó que los problemas que enfrenta el sector al que representa son muchos. La mayoría derivan de la impunidad y corrupción, lo que no permite que se avance y se lleve a cabo un verdadero reordenamiento.
Actualmente existen dos tipos de trasporte público que conviven en territorio mexiquense, el federal y el estatal. En el primero, la autoridad otorga una sola concesión por empresa y ellos dan el servicio con la cantidad de unidades que se requieran.
Un problema de todos
Acerca del caso del transporte estatal, el gobierno del estado brinda una concesión por cada unidad, y oficialmente hay 180 mil de ellas entre taxis y unidades de transporte en todo el Estado de México, lo que hace que nazcan liderazgos que se aprovechan de algunos y aprovechan para generar cotos de poder, considera Alberto Ernesto Gómez Rodríguez, presidente de la empresa Autotransportes Urbanos de Toluca y Zona Conurbada.
En el Valle de Toluca hay más organización entre los transportistas que en muchos otros puntos del estado. En esta zona hay 29 empresas y entre ellas hay tres mil 500 concesiones legalmente entregadas; hay un número mucho mayor de taxis que ofrecen el servicio de colectivo que se estima por lo menos 10 veces mayor que las unidades o camiones que lo brindan; es decir, cerca de 37 mil taxis, que dan este tipo de viaje de manera ilegal.
Estimó que sólo el cinco por ciento de los taxis respetan sus lugares de origen, porque hay cientos que brindan el servicio sin permiso alguno. Hay muchas personas que compran un vehículo, lo pintan, le ponen la cromática y lo ponen a trabajar, en ellos se cometen infinidad de delitos. Esto sin contar con los que trabajan con plataformas, pues ellos también han sido tolerados por la autoridad cuando no cumplen con los requisitos mínimos.
“Recordemos que los taxis no pueden dar el servicio de colectivo y éstos siguen trabajando de esta manera a plena vista sin que haya autoridad que haga valer la ley, todos sabemos dónde se ubican sus bases y brindan este servicio sin seguridad alguna pues rebasan por mucho su capacidad, cargan gente y hasta en las cajuelas las meten, esto sin contar la cantidad de delitos que en ellas se cometen como violaciones, robos, secuestros y extorsiones porque también hay infinidad de taxis que circulan sin concesión”.
La gente vive y padece estos problemas pero también a los transportistas les afecta la situación, pues sus ingresos se merman por la competencia desleal.
Desencadena otros problemas
Las bicitaxis y mototaxis también son parte importante del problema que existe en el desorden, ya que brindan un servicio al margen de la ley, pues no existe esa figura y durante varios años fueron protegidos por alcaldes, acusó López Nava, además de que se prestan a la comisión de delitos como tráfico de drogas.
“Hay muchos líderes con doble moral, servidores públicos que tiene una responsabilidad con la ciudadanía, para protegerla y hacer lo necesario por que reciban servicios de calidad pero que voltean la cara y someten a autoridades de los tres niveles de gobierno porque tiene intereses dentro de ese transporte ilegal”.
Odilón López Nava
El transporte debería dividirse por regiones y políticas públicas por zona, coincidieron los empresarios: Valle de México, Valle de Toluca, Oriente y Sur.
En el Valle de México, por el número de pasajeros, debe haber transporte masivo y articulado, no combis, microbuses ni mototaxis. Estos últimos ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, ya que no tienen las condiciones físicas para mantener a salvo a los pasajeros.
“Hay estudios que hemos hecho llegar a la autoridad, donde se demuestra que este tipo de vehículos no representan las unidades adecuadas pues son inseguras y por su costo se presta a que haya más transporte ilegal, ya que no es lo mismo comprar una Van a un camión que están diseñados justo para eso”.
El sector en la entidad
El Valle de Toluca tiene otras características y ha permitido que los empresarios del sector se organicen en un escenario corporativo. Se requiere un transporte articulado y las unidades actuales deben ayudar a la alimentación para el tren Interurbano.
En lo que corresponde al Sur del estado, hay necesidad de más oportunidades pues no se tuvo la posibilidad de integrarlos al resto de los municipios del Valle de Toluca y requieren más atención, vías de comunicación y acercar servicios para que la gente no tenga que ir a lugares más lejanos. El taxi colectivo es el principal transporte pues son los mismos líderes los que controlan los grupos locales, algunos delincuenciales, y obstaculizan el desarrollo. También someten a empresarios de transporte público secuestrando camiones y no permitiendo que trabajen, además de que existe el riego latente de que empiecen a ingresar vans, pese a que ya se mencionó el peligro que representan.
En la zona oriente del estado, lo que se requiere es continuar desarrollando transporte masivo como el Mexibús y el teleférico. Elementos que permiten que personas de lugares alejados puedan reducir los tiempos de sus traslados para no usar esas zonas sólo como lugares dormitorio.
Pese a todo lo anterior, el delegado de la Canapat en el estado, reconoció que la autoridad sola no podrá con este gran reto de ordenar uno de los sectores más complicados por la cantidad de intereses que hay y que seguramente se opondrán a que éste se “meta en cintura”, por lo que la Legislatura mexiquense debe dar instrumentos legales para que a la Secretaría de Movilidad se le facilite aplicar la ley y castigar a quienes la infrinjan, pero sobre todo se requiere participación ciudadana para no abordar unidades irregulares y denunciar cualquier delito o abuso del que sean víctimas.
ASME
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