Ya son tres las entidades en el país que han aprobado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o la despenalización plena del aborto. Hidalgo se sumó la semana pasada a la Ciudad de México y a Oaxaca, las dos primeras en autorizarlo, acción que desde siempre ha generado controversia, ésta sí, entre liberales y conservadores, si se permite la expresión.
La mera mención del tema de inmediato genera partidarios o adversarios. Y siendo un asunto tan delicado, que involucra aspectos éticos, morales, filosóficos, religiosos y en no pocas ocasiones aspectos sociales y económicos, conduce casi siempre a discusiones acaloradas y apasionadas. Por lo regular nadie saldrá victorioso cuando se tome partido por una u otra postura.
Más allá de posicionamientos ideológicos lo cierto es que el aborto existe y se practica y eso nadie lo puede negar. La discusión o diferencias de opinión o de criterio surgen cuando se habla sobre en qué momento, pero sobre todo por qué motivos es “válido” que una mujer aborte o no. Es justo allí donde las opiniones se dividen y pareciera que no hay punto posible de encuentro o conciliación.
La legislación a nivel nacional, con excepciones muy bien identificadas, permiten y no criminalizan el aborto cuando éste se practica bajo varias agravantes o causales como dirían los juristas: Cuando el embarazo es producto de una violación; cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer; cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; cuando el producto presenta alguna malformación congénita grave; cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer; cuando el aborto fue provocado de manera imprudencial o cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo.
En la Ciudad de México, entidad que desde 2007 aprobó la despenalización del aborto inducido sin importar la causa del embarazo, en 14 años se han realizado 234 mil 513 abortos en las clínicas gubernamentales autorizadas para ello, un promedio de 16 mil 750 por año.
Como la legislación de la ciudad lo permite, hay mujeres de otras entidades del País que en ese lapso han acudido a estas clínicas y por ello es posibles conocer que del Estado de México han sido poco más de 63 mil mujeres las atendidas, mientras que de Hidalgo han sido mil 297 las que optaron por la interrupción legal del embarazo.
Las estadísticas oficiales de la CDMX arrojan datos que –fuera de las agravantes que se mencionaron líneas arriba– podrían ayudar a orientar políticas públicas que disminuyan los embarazos no deseados, algunos de los cuales terminan en las clínicas del ILE. Por ejemplo, que el 42 por ciento de los abortos practicados son de mujeres que cursan la preparatoria y el 31 por ciento de adolescentes que están en la secundaria. En términos generales, el 24 por ciento de quienes han decidido interrumpir su embarazo son estudiantes.
Esas políticas de educación obviamente no deben ser exclusivas para las mujeres, claro que no. La educación y orientación al sector masculino es obligado y necesario. Su responsabilidad en los embarazos no deseados que llegan y aun los que no llegan al ILE es la misma que las de las mujeres. Porque como en la mujer es en quien se practica el aborto, el hombre pareciera quedar exento de la estigmatización, el señalamiento o el cuestionamiento. Eso debe de terminar, nadie debe ser señalado, pero sí todos concientizados.
Comentarios: miguel.perez@estadodemexico.jornada.com.mx
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