Dentro de dos semanas se llevará a cabo la llamada Consulta Popular, ejercicio inédito pero a la vez interesante que justamente por ser el primero en su tipo no ha estado exento de críticas, opiniones encontradas, descalificaciones, alabanzas, errores y aciertos. Se trata de un paso más en ese largo y sinuoso camino rumbo a la democracia plena que México se merece.
La democracia participativa es el ideal de cualquier sociedad. La obligación que tiene el ciudadano de elegir a sus gobernantes se convierte en derecho para exigir que las decisiones y planes de gobierno más trascendentes que pongan en marcha dichas autoridades cuenten con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos.
En ese contexto una de las formas más efectivas para que se tome en cuenta la opinión de la mayoría es la consulta popular. Con un ejercicio bien planeado y organizado se puede tener la certeza de que quienes emiten su voto deciden por tal o cual acción y se evita la simulación de las consultas a mano alzada o al libre albedrío de quien ejerce el poder. No obstante, la consulta del próximo 1 de agosto tiene elementos que pueden resultar contraproducentes para este tipo de ejercicios en el futuro.
De entrada, el principal promotor de dicho ejercicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho una y otra vez que él no participará con su voto, con lo que le hace un flaco favor al ejercicio. La segunda contradicción tiene que ver con lo que se está promoviendo por parte de los simpatizantes de esta consulta en particular: se repite hasta el cansancio que los ciudadanos acudan a votar si están de acuerdo o no en que se enjuicie a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Pero el galimatías que verá en la boleta quien acuda a votar no menciona ni por asomo a dichos personajes: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
El mismo presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reconoció en una entrevista para el diario español El País que “la pregunta es ambigua” y que los ministros de la Corte la redactaron de esa manera “conscientemente”, porque hacerlo como se proponía originalmente hubiera tenido un problema de constitucionalidad. “Los procesos judiciales no se consultan”, reconoció.
Y un tercer punto contra la que podría toparse esta consulta es si el resultado será vinculante o no. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, solo si participa el 40 por ciento de la lista nominal, poco más de 37 millones de ciudadanos, el ejercicio deberá acatarse por la autoridad.
No obstante, el ejercicio en sí es un triunfo para la democracia, no se puede desdeñar. Debe ser utilizado en los asuntos más trascendentes para la vida pública nacional, cuidando en no desgastarlo, hacerlo útil y efectivo para el país. El instrumento ya se tiene, no hay que desaprovecharlo.
Comentarios: miguel.perez@estadodemexico.jornada.com.mx
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