Los servidores públicos que hagan la difusión indebida de imágenes, o información de víctimas, serán castigados penalmente hasta con 11 años de cárcel, luego de que la Legislatura mexiquense aprobó la “Ley Ingrid”.
En sesión del pleno, el proyecto legislativo fue votado por unanimidad de votos y el mismo prevé cuatro iniciativas.
Las sanciones
La “Ley Ingrid” mexiquense prevé de tres a seis años de prisión al que por cualquier medio realice estas conductas y multa de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Más fuertes cuando se trate de mujeres
No obstante, cuando se trate de imágenes de cuerpos de niñas, mujeres o adolescentes, circunstancias de su muerte, lesiones o el estado de salud, las penas se incrementan hasta la mitad.
Para proponer dichas sanciones, se propuso reformar diversos artículos del Código Penal estatal para tipificar el delito.
La diputada perredista Aracely Casasola Salazar, explicó que debido a la violencia de género en la entidad se da lugar a este tipo de conductas, pero para ello es que legislaron para impedir replicar la difusión de imágenes.
“Como legisladores tenemos la responsabilidad de otorgar los instrumentos necesarios que permitan acabar con estas malas prácticas en el debido desarrollo de una diligencia, evitando fundamentalmente la revictimización”.
Destacó que la reforma da paso para fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y la dignidad humana incluso después de la vida
Su también compañera pero de la bancada de Morena, Beatriz García Villegas comentó que no se puede seguir lucrando con las víctimas y sus familias.
Ya no quedarán impunes
Mencionó que estas conductas las cometen en su mayoría servidores públicos de la procuración de justicia que cometen victimización secundaria, que es la exposición del sufrimiento de un daño que se pudiera crear por cualquier víctima por la conducta indebida de los trabajadores.
Añadió que ahora ya pueden castigarlos y evitar estas conductas que ya no quedarán impunes.
“Hoy nuestro propósito es no dejar a ninguna mujer víctima de hechos similares sin el acceso a la justicia y al culpable de los hechos en una situación de impunidad total”.
ASME
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