A Tere Montaño, por solidaridad
El camino para llegar a la paridad de 50 por ciento de diputaciones entre mujeres y hombres ha sido muy largo. Comenzó con una reforma de 30 por ciento de candidaturas para mujeres en 1997, que subió a 40 en 2008 y a 50 en 2014. Sin embargo, con las dos primeras reformas hubo mucha simulación. Para cubrir las cuotas era común que se les asignaran candidaturas suplentes. Cuando eso no era posible entonces se les hacía propietarias, pero después se les obligaba a renunciar a favor de los suplentes.
Este fenómeno provocó que en 2013 se aprobara una ley para impedirlo. En la reforma electoral de 2014 quedó establecido que las candidaturas tendrían que ser paritarias. Las fórmulas siempre serían del mismo género, para evitar que a través de renuncias forzadas se desvirtuara este principio. El problema fue resuelto esencialmente en las diputaciones y senadurías, es decir en cargos unipersonales, pero surgió otro: su aplicación en las elecciones de ayuntamientos en 2015, donde además de elegir presidencias municipales se eligieron sindicaturas y regidurías en el Estado de México.
Este asunto se le conoció como la paridad horizontal y vertical. La discusión se centró en cómo serían ocupadas esas candidaturas por mujeres y hombres en los 125 municipios mexiquenses. El consejo general del IEEM votó en contra de su aplicación, por mayoría de cuatro votos a tres. Sin embargo, derivado de varias impugnaciones a este criterio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una jurisprudencia para hacer obligatorio este principio, es decir que el número más cercano a la mitad de las candidaturas a presidencias municipales fueran ocupadas por mujeres.
No obstante la claridad de los criterios en la materia y a pesar de tener cinco consejeras, en junio el IEEM hizo un reparto de diputaciones que rompió con la paridad en la legislatura local: 41 hombres y 34 mujeres. Solo una consejera y un consejero votaron en contra del acuerdo. Ante las impugnaciones de varias candidatas a diputadas, el 16 de agosto pasado el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) modificó las diputaciones de representación proporcional.
Por esta razón, finalmente la XLI legislatura estatal quedará integrada de la siguiente manera: 11 diputaciones del PAN; 22 del PRI; cuatro del PRD; cuatro del PT; dos del Verde; dos de Movimiento Ciudadano; 26 de Morena y cuatro del Panal. 38 de sus 75 integrantes son hombres y 37 son mujeres. A pesar de eso, uno de los partidos que les cambiaron diputados por diputadas, el PT, acusó al TEEM de favorecer a los partidos grandes, especialmente al PRI. Aunque todavía hay impugnaciones a esta composición, al parecer será la integración definitiva.
El avance de la paridad es un gran avance, pero es importante que este cambio no se quede en números. Es necesario que la presencia de las mujeres se refleje en leyes justas y en mejores condiciones de vida para la gente. Su presencia debe abonar a que la corrupción, el patrimonialismo, el clientelismo y el influyentismo, entre otros males, dejen de ser elementos predominantes de la política local. Las nuevas diputadas no deben caer en las tentaciones del poder y del dinero, tan características en la clase política mexiquense y tan conocidas en todo el país. Eso haría que rápidamente se olvidaran de su función principal: dar voz a sus electores, para que la representación política sea efectiva y no una mera ficción.
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