El Comité Ejecutivo Nacional del PRI rechazó categóricamente cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos y se manifestó abierto a cualquier investigación que ayude al esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la Fiscalía General de la República sobre éste o cualquier otro tema.
Se deslindó de las acusaciones del abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, sobre el presunto desvío de recursos públicos con fines político-electorales en las campañas del partido en 2012, 2015 y 2018.
En un comunicado, la dirigencia priista que encabeza Alejandro Moreno afirmó que no existe un solo registro de que en las campañas mencionadas haya habido recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita.
Destacó que el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades fiscalizan las actividades político-electorales de los partidos políticos en México, y no declararon ninguna irregularidad en esos procesos.
“En específico, la campaña presidencial de José Antonio Meade en 2018 fue sujeta a un estricto proceso de fiscalización por parte de la autoridad electoral, del que quedó constancia en los informes que son de dominio público, sin existir señalamiento alguno, y fue reconocida como la campaña con mayor transparencia de los candidatos presidenciales”
ASME
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