El Sistema Anticorrupción Estatal como municipales, no funcionan porque depende de que se le dote de recursos, carece de autonomía y no hay verdaderos perfiles ciudadanos que los integren; por lo que no entregan resultados.
En el foro “Retos y Avances del Sistema Estatal Anticorrupción”, con diputados, el titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Victorino Barrios Dávalos, criticó su operación y propuso hacer cambios para combatir la corrupción.
“El sistema está hecho en mucho para seguir haciendo lo mismo, entonces hay que cambiar las cosas. Los contralores municipales nombrados por el presidente a propuesta del presidente, ustedes creen que ese contralor o contralora va a hacer algo, no”.
Mencionó que por ejemplo en los municipios, cuando los integrantes de un Comité están esperando que se les pague no funciona; porque cuando se les remunera, ya no hay fiscalización y aseveró que ahí debe haber ciudadanos íntegros que ataquen la corrupción.
Ejemplificó el caso de Toluca, donde dijo que no hay Comité Municipal Anticorrupción porque no les pagaban. Cuestionó que ahí no hay compromiso de cuidar que el presupuesto no se vaya a otras vías.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción tiene siete escaños
Retomó que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción tiene siete escaños y solo uno lo ocupa un ciudadano, por lo que dijo que no puede seguir de esta forma, mientras que el municipal, de tres lugares, uno nada más es ciudadano.
Reiteró que las cosas tienen que cambiar incluso la selección del contralor municipal; retomó el caso de Michoacán, donde hay una convocatoria en la que decidirán tres ciudadanos y tres regidores y el electo no informará al alcalde sino a la Auditoría estatal.
“Esas formas de nombrar al contralor hay que irlas imaginando para ver si se pueden hacer para ver si se pueden hacer porque esa es la forma en la que podemos recibir información verídica”.
Puso en la mesa cambios en el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), del que fue titular, desde el nombre y que sea un Tribunal que rinda cuentas, y si no se puede, por lo que menos un órgano autónomo con presupuesto propio que no dependa de un Poder.
Planteó la posibilidad de que los delitos no prescriban y ni caduquen las faltas en donde haya daño económico para que realmente se rindan cuentas.
Propone cambiar a la Ley de Responsabilidad general
También expuso algunas cosas a cambiar a la Ley de Responsabilidad general y la mexiquense separa las funciones de autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutorias, tener facultad concurrente para que puedan aplicarse.
Definir bien las faltas graves, porque las 10 que define la Ley de Responsabilidades estatal están en el Código Penal como delitos pues dijo que el acoso y hostigamiento están en esta ley cuando son ilícitos.
“Hay cosas que debemos ir cambiando, porque si no cómo vamos a llegar a tener un Estado más pulcro, más íntegro, en donde los 326 mil millones de pesos que ahora va a tener el Estado en 2022… Tengamos otro tipo de explicación, el dinero no es de nosotros, no es de los funcionarios”.
La legisladora del PAN, Miriam Escalona Piña aseveró que en el estado se ha avanzado en materia anticorrupción pues si no fuera de esa forma no estarían reunidos para hablar de sus experiencias.
Sin embargo, dijo que hay retos, temas pendientes por discutir, cambios y mejoras que hacer a la ley estatal en la materia, pues la opinión pública lo expresa y la ciudadanía lo requiere, entre ellos el recuperar la confianza perdida en las instituciones.
ASME
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