A tan sólo tres semanas de haber sido presentada en el pleno del Congreso local, se avaló en comisiones el decreto que establece penas administrativas y penales más severas para cumplir los requerimientos de información del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que va de los 100 a 150 veces el valor diario de Medida y actualización a duplicarse hasta alcanzar las mil 500 veces.
En sesión de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización se analizó la propuesta del diputado de Morena, Gerardo Ulloa Pérez, quien plantea reformas, derogaciones y adiciones a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
El documento señala que con relación a requerimientos, documentos físicos y/o electrónicos necesarios para los actos de fiscalización, previniendo el supuesto de incumplimiento y sanciones para los responsables, incrementa la multa en los medios de apremio correspondientes.
Además, prevé la negativa, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, que será sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
También refiere que las sanciones serán para servidores públicos, así como cualquier entidad administrativa, persona física o colectiva, o cualquier figura que reciban o ejerzan recursos públicos y que deberán entregar documentación para efecto de auditorías e investigaciones de no entregar información.
Los legisladores de otras fracciones parlamentarias reconocieron el fortalecimiento que se la da al marco jurídico que regula la fiscalización del gasto público en la entidad mexiquense, por lo que mostraron su respaldo y apoyo de la iniciativa, puesto que los obligados deben cumplir a cabalidad, así como coincidieron en que se especifique el acto punitivo si no cumplen.
Ulloa Pérez había hecho un comparativo, que en suelo mexiquense estas conductas apenas se castigan con multas de 10 a 100 UMAs; en contraste, en otras 14 entidades se elevan hasta las 300, situación que pasa en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.
Una vez aprobada en comisiones la propuesta debe ir al pleno de la Legislatura para su votación.
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