El freno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso al “Plan B” de la reforma electoral, al otorgar suspensión a todos los artículos, no sólo permitirá que la elección a gobernador mexiquense siga bajo las mismas reglas electorales, sino que mantendrá a salvo al personal y la operatividad de las Juntas Distritales.
Previamente, el 21 de febrero la SCJN también había determinado que el cambio a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no era aplicable para los comicios de la entidad mexiquense y Coahuila.
En entrevista, el Vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, Joaquín Rubio Sánchez, recordó que también desde la Constitución se protegieron las elecciones de este año, pues no se aplica reforma alguna, tres meses antes de iniciado el proceso.
Respecto al proceso electoral
Precisó que los procesos iniciaron desde el 16 de octubre y las primeras reformas del “Plan B” se aplicaron a finales de diciembre de 2022 y durante febrero de 2023.
“No se puede aplicar ninguna ley, ninguna reforma ni a la Constitución ni a la ley tres meses antes de iniciado el proceso electoral, y en el Estado de México lo iniciamos el 16 de octubre, las primeras reformas fueron el 28 de diciembre y las otras cuatro fueron recientes”, explicó.
Rubio Sánchez recordó que el Plan B planteaba para el caso de la entidad la desaparición de las 41 Juntas Distritales y reducir a un solo Vocal Operativo, figura que no saben a qué hace referencia.
Reportó que la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) está integrada por una plantilla de casi mil 600 funcionarios electorales, de los cuales más de mil integran los 76 Módulos de Atención Ciudadana (MAC), y 600 laboran en las Juntas Distritales.
¿Qué significa el Plan B?
Detalló que el “Plan B” significa la desaparición del personal administrativo que apoya a los vocales de las Juntas Distritales, que representan el 85 por ciento.
“Estaríamos hablando que se tendría que despedir al 85 por ciento del personal del Servicio Profesional, mismo porcentaje de la rama administrativa”, indicó.
Lo anterior para el INE en la entidad representaría que las instalaciones de los MAC en espacios públicos de gobierno, a nivel estatal o municipal, o en escuelas, y su operación se apegaría a los horarios de dichos lugares.
Finalmente, Joaquín Rubio Sánchez recalcó que el órgano electoral federal continuará dando la batalla legal en contra del Plan B.
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