Abogados de Fimesa 1, 2 y 3 iniciaron carpetas de investigación por desvío millonario de recursos contra la pasada administración del municipio de Tultitlán.
El proceso será ante el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y la Contraloría del Estado de México en Naucalpan, para que se investigue la venta ilegal de las 27 hectáreas ejidales de San Francisco Chilpan, donde se pagó 38.5 millones de pesos a una Asociación Civil.
Dicha organización se denomina Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque, Asociación Civil.
Pagan 38.5 millones por predio ejidal
Previamente, se había pagado cinco millones al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, por lo que el abogado Iván Fuentes Vázquez advirtió que por eso se pretende cambiar el nombre para la toma de posesión de las propiedades.
“Quieren ponerle el nombre de Cuarta “T’, para que los vecinos pierdan sus derechos con la colonia nueva, cuando son personas que tienen más de 40 años y el 60% tiene sus títulos de propiedad”.
Comentó que la Consulta se llevará a cabo con los lineamientos que está pidiendo la gente y los resultados serán entregados a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
“Cuándo se había visto que un municipio pagará tantísimo dinero a un predio ejidal de 27 hectáreas, la cantidad de 38.5 millones de pesos”.
TE RECOMENDAMOS: Tultitlán: Vecinos de Fimesa piden que IEEM sea el que avale la consulta del cambio de nombre
Demandan actos de corrupción en Tultitlán
Iván Fernández habló ante más de 200 personas que se citaron fuera de la Iglesia de Fimesa 3, en donde escucharon los avances de las investigaciones.
Durante la reunión, pidieron a la actual presidenta municipal, Ana Castro, y a la gobernadora del Estado de México, justicia, porque la pasada administración de Elena García, hoy diputada local, hizo actos de corrupción que atacan al pueblo.
Destacó que no se hizo una escritura pública con lo que se ampara, sino que es un reconocimiento de pago ante la notaría 90 del Estado de México.
Presentaron el documento donde se demuestra que el ayuntamiento desvío la cantidad de 38.5 millones de pesos a una Asociación Civil, que es de su organización política, para tener el argumento de que todas las casas le corresponden y por eso, tiene el derecho a demolerlas y extorsionarlos, así lo declaró el abogado Iván Fernández.
“Ya se presentó ese documento, porque es un desvío descarado de recursos públicos, dónde un Ayuntamiento le compra a una Asociación Civil, una cartera vencida”.
Con ello, les quiere cambiar el nombre a la colonia y los pretende despojar. “Si Desarrollo Urbano del Ayuntamiento les señalan que es terreno del municipio, es porque pretenden quedarse con el terreno”, finalizó.
Sigue nuestro CANAL de WHATSAPP y entérate de la información más importante del día con La Jornada Estado de México.
MPH
Deja una respuesta