Este 28 de noviembre se cumple 5 años de la sentencia a favor de 11 mujeres que sufrieron tortura sexual en 2006 durante el operativo policial contra 200 pobladores de San Mateo Atenco que protestaban contra la construcción del nuevo aeropuerto.
Durante 3 y 4 de mayo de dicho año (2006), la policía municipal de Texcoco y San Salvador Atenco junto con la Policía Federal Preventiva, adelantaron operativos en dicho municipios y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir las manifestaciones que realizaron pobladores de estas entidades contra el anuncio del ahora expresidente Vicente Fox sobre la realización del puerto aéreo que anunció en 2001.
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Las obras a realizarse iban a atravesar terrenos agrícolas en Texcoco por lo que ejidatarios de San Salvador Atenco, San Felipe, Nexquipayac y Tocuila se organizaron.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se unió al grupo para apoyar, manifestarse y bloquear las principales avenidas contra el proyecto federal.
Sin embargo, el gobierno del Estado de México, en ese entonces lo encabezaba Enrique Peña Nieto, autorizó el despliegue de fuerzas policiales para detener las manifestaciones.
Así que cerca de 700 elementos policiales y más de mil 800 agentes municipales y federales acudieron para dispersar a los manifestantes y liberar las vías bloqueadas.
Durante el choque entre pobladores y oficiales se cometieron abusos a los derechos humanos entre los que se conocen fue la brutalidad en la que detuvieron a 47 mujeres.
Durante su apresamiento y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (CEPRESO) fueron víctimas de violencia física y sexual.
Médicos del Cepreso se negaron a ayudar
Tras esto, 26 mujeres de dicho grupo también sufrieron un trato denigrante por parte de los médicos que las atendieron cuando llegaron al Cepreso, ya que denunciaron los abusos de los oficiales.
Los galenos se negaron a revisarlas y a practicar exámenes ginecológicos y en reportar y registrar hechos como la violación sexual a las que fueron sometidas.
En estos hechos también perdieron la vida dos jóvenes, de nombre Ollin Alexis Benhumea, estudiante de 20 años que murió al ser alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno.
Y Francisco Javier Cortés Santiago, un menos de 14 años, quien fue alcanzado por una bala calibre .38 mm.
Fueron 11 mujeres quienes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar estos hechos.
Dicha Comisión recomendó al gobierno del Estado de México realizar una investigación para esclarecer estos hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a las autoridades que participaron en la represión.
El 28 de noviembre del 2018 la CIDH emitió una sentencia y declaró responsable internacionalmente al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a ser sometido a tortura.
El derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa, a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial de las mujeres que denunciantes.
Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez son los nombres quienes levantaron la voz hace cinco años.
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Finalmente, la Corte declaró al Estado responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las once mujeres víctimas de tortura sexual, enlistados en la Sentencia.
Los hechos siguen impunes
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) recordó la sentencia que se logró por parte de la CIDH, sin embargo denunció, vía redes sociales, que desde hace casi 18 años los hechos siguen impunes.
“Con la frente en alto, las mujeres de Atenco han denunciado por casi 18 años, la persistencia de la tortura sexual en México.
“La falta de acceso a la justicia en este y otros caso de tortura contra las mujeres continúa siendo un pendiente del Estado Mexicano.
“Los hecho siguen impunes- La FGR no ha investigado de manera integral los hechos de tortura sexual como lo ordenó la CIDH. La Fiscalía debe indagar responsabilidades en la cadena de mando durante la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006”, escribió en X (antes Twitter).
El Centro Prodh también señaló que el Estado aún no establece el Observatorio Independiente ordenado por la CIDH como garantía de no repetición para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Guardia Nacional.
También exigió la implementación de reparaciones individuales, como la atención a la salud física u psicológica de las mujeres que enfrentan obstáculos graves en su cumplimiento ante la insensibilidad y falta de coordinación de las instituciones.
AL