Por Ricardo Joya Cepeda
Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El periodo de 2018 a 2028 fue designado el decenio “Agua para el Desarrollo Sostenible”, considerando al “vital líquido” como elemento sustancial para el desarrollo de la humanidad e incluso como factor para la paz mundial.
El crecimiento de la población mundial, que se prevé alcance los 10 mil millones de personas en el año 2050; la sobreexplotación de los acuíferos; la contaminación y el cambio climático, son condiciones que han provocado una disminución de los recursos hídricos en el planeta.
En 2004, en el Estado de México -siendo sede del encuentro internacional de “Metrópolis”, organizado por la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis- se definió al agua como “asunto de seguridad nacional” y recurso estratégico para “garantizar y fortalecer la gobernabilidad de las ciudades”.
Lamentablemente, a casi dos décadas de distancia, los problemas relacionados con el agua en el mundo se han agravado. Más de un tercio de la población mundial –aproximadamente 2 mil 600 millones de personas- carece de servicios de agua potable, y quienes viven en condiciones de pobreza extrema no gozan de este recurso.
Esta semana, quizá en un par de días, surgirá información sobre las condiciones del líquido en el planeta, las carencias que prevalecen y los desafíos para su preservación, pero el cuidado de un recurso fundamental para la vida no está permanentemente en la agenda pública; ni siquiera en la temática del proceso electoral para renovar ayuntamientos, así como diputaciones locales y federales.
Desde diciembre pasado, la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos del congreso estatal analiza una iniciativa del Partido Acción Nacional, para elevar hasta en 40 por ciento las multas por el dispendio y descuido en el uso de este recurso, consideradas en la Ley del Agua del Estado de México. Si se aprueba la iniciativa en el pleno, las multas serían entre mil 700 y 60 mil 800 pesos por desperdiciar el agua o contaminarla. Habrá que ver si surte efecto.
Pero ni las instituciones públicas, gubernamentales, sociales o privadas, ejecutan campañas permanentes de comunicación para hacer conciencia sobre el cuidado y preservación del agua, especialmente cuando el lavado de manos puede hacer la diferencia entre la vida y muerte ante el Covid-19.
PERCEPCIÓN
¿El tema del agua será prioridad para la agenda de los partidos políticos?
Deja una respuesta