Con escasos quince días, antes de su realización, se ha iniciado la difusión de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo primero de agosto. En ella se decidirá si, según la versión popular, cinco ex presidentes mexicanos son llevados o no a juicio, aunque legalmente la rebuscada y larguísima pregunta que será sometida a consulta no dice eso, pues por decisión de seis de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue cambiada, hasta quedar en algo abstracto.
La consulta iba a realizarse el 6 de junio pasado, al mismo tiempo que las elecciones federales y locales, pero la oposición a Morena consideró que eso beneficiaba al presidente de la República y a su partido. Por eso propuso que se realizara casi dos meses después, con poco tiempo y escasos recursos para organizarla. A fin de remediar lo último, el INE pidió una ampliación presupuestal que le fue negada. No se le autorizó ni un peso más y ha tenido que hacerla con 500 millones ahorrados.
Quizá por esa razón, el INE solo instalará 57 mil casillas de las 104 mil que había anunciado, mucho menos que las 162, 570 que instaló en las elecciones pasadas. Pretende que voten en ellas, idealmente, 93. 5 millones de personas, de las cuales solo 52.67 por ciento lo hicieron el 6 de junio, es decir, poco más de 49 millones. Además, para que la consulta sea vinculante se requiere que participe 40 por ciento o más de las personas registradas en la lista nominal.
Siendo realistas, es una meta muy difícil de cumplir, si se toma en cuenta las tasas históricas de participación electoral en México, que en promedio apenas superan el último porcentaje. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que con tan pocas casillas, en donde podrán votar hasta 1, 500 electores, con escasa difusión y con una pregunta tan abstracta haya una participación igual o mayor a 37.4 millones de electores para que sea vinculante, es decir que obligue a su cumplimiento.
Con este panorama es difícil tener esperanzas de que esta consulta popular tenga el éxito deseado, entre otras, por las siguientes razones: primero, porque nunca se había llevado a cabo una de su tipo en nuestro país y algunos no saben sus alcances; segundo, porque la pregunta no dice lo que los impulsores de la misma plantearon inicialmente y lo que está presente en el imaginario popular; tercero porque el número de casillas es reducido para el tamaño de la lista nominal de electores; y cuarto porque hay una corriente de opinión contraria a la consulta, que cuestiona su utilidad para aplicar la ley.
Habrá que esperar los resultados del primero de agosto para hacer un balance definitivo, pero de manera preliminar se puede decir que esta primera experiencia de consulta popular, algo muy parecido a la democracia directa, no tendrá los resultados que esperan sus promotores más optimistas, por las razones expuestas anteriormente y porque no está posicionada la fecha ni la utilidad de la consulta para una parte de la ciudadanía. Hay una confusión generalizada sobre lo que la propaganda política dice sobre el objetivo de la consulta, diferente de lo que aprobó la Corte y que el INE promueve.
Después de esta primera experiencia tendrá que haber otras consultas con características diferentes: con preguntas comprensibles para todos los electores y que no generen falsas expectativas sobre sus alcances en el campo de la justicia. La ciudadanía merece ejercicios democráticos claros y con efectos precisos.
Deja una respuesta