La diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó una iniciativa que busca eliminar la figura del arraigo y cambiar la de prisión preventiva oficiosa por la de prisión preventiva justificada, con la intención de avanzar en materia de derechos humanos.
La legisladora priista criticó que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se han convertido en una gran contradicción en el sistema penal, porque violan los derechos humanos.
Propuesta de Ana Lilia Herrera
Su propuesta trata de dar facultades al Ministerio Público para solicitar al juez la prisión preventiva y después de un análisis individualizado, resuelva sobre la procedencia o no, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La representante popular afirmó que cuatro de cada 10 presos están en prisión preventiva, es decir, más de 92 mil personas están en espera de recibir una sentencia.
Abundó que esta iniciativa está fundada por el clamor de justicia y el gran reclamo social que exige a las autoridades que no existan en prisión más personas por no tener los recursos necesarios para defenderse y probar su inocencia, mismos que resultan víctimas de fallas en el sistema y son acusados injustamente.
“Por eso el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se han convertido en una gran contradicción en nuestro sistema penal, porque en esencia son violatorias de derechos humanos”, dijo la diputada.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, del 100 por ciento de la población en centros penitenciarios, 12.6 por ciento de mujeres llevan dos o más años esperando su fallo, mientras que 14.2 por ciento de hombres llevaba el mismo periodo en espera por una determinación penal.
Herrera Anzaldo exhortó a los legisladores salir del falso dilema de que más personas en las cárceles, va a resolver el problema de seguridad y justicia que vive nuestro país, “esta reforma es un primer gran paso para comenzar a corregir lo que no está funcionando”.
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Prisión preventiva y arraigo domiciliario
Por ello reiteró que la iniciativa rescata la propuesta presentada en la LXIV Legislatura por los diputados priistas Mariana Rodríguez Mier y Terán, Dulce María Sauri Riancho y René Juárez Cisneros, que pretende reformar los artículos 16 y 19 de la Constitución, en materia de eliminación de las medidas cautelares de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa; así como la presentada por César Camacho Quiroz, en la LXIII Legislatura, cuyo proceso quedó inconcluso después de su dictaminación.
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DMM