Dice el proverbio que el infierno está lleno de buenas intenciones y el cielo de buenas obras, hacemos referencia a esto por decisiones que se toman desde el sector público en cuanto a la prestación de los servicios públicos.
Es cierto que elegimos a nuestros representantes y que éstos tienen la facultad de tomar decisiones en temas relevantes de la vida pública, pero ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad como ciudadanos para informarnos e incidir en que dicha decisión sea tomada de la mejor manera?
Las buenas intenciones pueden surgir de un desconocimiento profundo de un tema, por ejemplo, tomar en cuenta cuestiones con base en evidencias superficiales o de suposiciones; otra buena intención puede provenir de no preveer riesgos futuros, es decir, de creer que las condiciones políticas, naturales, sociales, económicas, etc. permanecerán igual en el tiempo.
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Por parte de los ciudadanos, es posible incidir en las políticas públicas, ya sea mediante procesos formales como consultas, y también de forma indirecta, a través de manifestaciones públicas de apoyo a rechazo, sin embargo, éstos mecanismos tampoco están libres de distorsiones, la opinión pública puede ser movida por fines políticos o por una campaña mediática que busque desinformar y cambiar la percepción pública.
Estos elementos son lo que se deben tomar en cuenta para tomar una decisión tan importante de política pública como son los servicios públicos, existen tendiencias que a nivel global están ocurriendo, evidencia teórica y sobretodo empírica acerca de las mejores prácticas, y sin embargo, a nivel local se siguen tomando decisiones al vapor, sin tomar en cuenta la voz de los expertos y sin siquiera conocer las experiencias nacionales e internacionales.
Por supuesto que siempre habrá un grado de incertidumbre en cualquier decisión de política pública, pero siempre y cuando se haya estudiado la cuestión, se hayan conocido experiencias previas, se escucharan y tomaran en cuenta las voces de quienes conocen a fondo los temas y entendido las necesidades de la población, entonces se podrá decir que bajo las condiciones, antecedentes y conocimientos que se tenía en cierto espacio-tiempo fue la mejor decisión, pero si no es así, debe haber consecuencias, ya que los perjudicados seremos todos.
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Las malas decisiones rara vez tienen consecuencias, siempre habrá un margen de excusa cuando las cosas no resulten como se propusieron, es entonces cuando la ciudadanía deberá evaluar si las decisiones fueron buenas o malas. Y cuando las decisiones son tomadas con un evidente riesgo de corrupción o de beneficios personales de malos gobernantes, también se deberían tener mecanismos para evitar estas acciones, desgraciadamente para el caso del agua en México, la máxima autoridad encargada de la prestación de los servicios relacionados con el agua es el municipio y poco puede hacer la autoridad estatal y federal para evitarlo.
Tenemos como sociedad, la responsabilidad de mejorar la toma de decisiones, informarnos y discernir aquellas propuestas irresponsables o a todas luces tomadas al vapor, y como gobernantes algo tan sencillo como se dice en sus tomas de protesta: ver en todo momento por el bien y prosperidad de sus territorios.
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DMM