El primero de diciembre se cumplen ya treinta años de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, independientemente de los datos, que sobra decir, son insuficientes y que no reflejan la situación real de la gestión del agua en México, poco se ha avanzado en esta materia, y por el contrario, las condiciones climatológicas del planeta están complicando más la situación, lo que se logra avanzar en el subsector de agua y saneamiento se pierde por el bajo nivel de sustitución de la inversión, las bajas inversiones, el crecimiento de la demanda, la cada vez menor disponibilidad de agua para consumo humano, que en conjunto y por otros aspectos harán que no sea raro que las coberturas reales y la calidad del servicio bajen aún por debajo de los niveles actuales.
Todos los años se organizan foros, talleres, encuentros, capacitaciones, herramientas e intercambio de experiencias que se comparten, y a pesar que los organismos operadores que han logrado aumentar sus eficiencias por encima del promedio del resto del país se pueden contar con los dedos de las manos, lo que se ha aprendido es que es relativamente fácil que un organismo que funciona bien, tenga algún cambio de director, un cambio de orden del gobierno al que pertenece, para que el avance logrado se revierta y pase a formar parte de los prestadores de servicios ineficientes.
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Entonces, ¿qué es lo que pasa que no se logra avanzar en la gestión de los recursos hídricos y en específico de la prestación del servicio de agua y saneamiento?, es precisamente porque el modelo de gestión nacional es el que no funciona, es el entramado institucional encargado de los recursos hídricos, es el modelo económico sobre el que en México se realiza la planeación económica, es la administración del agua y la política fiscal sobre los que se sientan las bases de la política hídrica de nuestro modelo.
No hemos sido capaces de definir cuál es el modelo de gestión que México debiera de seguir, y realizar los cambios legales, administrativos y de gobernanza necesarios, y posteriormente ir revisando su avance con el objetivo de corregir o cambiar de rumbo, mientras esto no ocurra no podremos aspirar a lograr un efectivo cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Mientras tanto, los prestadores de servicios de agua y saneamiento continuarán remando contra corriente, seguirán sin poder establecer una adecuada estructura tarifaria, no encontrarán recursos económicos suficientes para las inversiones y reposición de la infraestructura necesaria para cumplir con su responsabilidad, seguirán expuestos al vaivén político de sus administraciones, y con ello el riesgo de ser sustituidos por directivos o personal sin los conocimientos y capacidades suficientes, enfrentarán el reto de un mayor estrés hídrico, de una presión sobre la demanda del recurso y de servicios, sin poder hacer frente a ello.
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“Afortunadamente”, como ciudadanos, nos hemos acostumbrado también a recibir malos servicios, y a saber que nuestros ríos, lagos, lagunas y mares están contaminados, pero a lo que no podremos acostumbrarnos es a no contar con agua para nuestras necesidades, a no poder mantener un sistema económico que requiere del recurso, entonces ¿Qué esperamos para hacer lo que nos corresponde?, hagamos los cambios estructurales necesarios, de otra forma pasaremos treinta años más lamentándonos que la situación empeora y los problemas son más grandes.