Ahora quien induzca a un menor de edad a cometer ilícitos recibirá ente penas de 5 a 10 años de prisión en el Estado de México, reforma al Código Penal que fue aprobada en el Congreso local.
El proyecto legislativo fue dictaminado el pasado 2 de diciembre y hasta este martes fue sometido a votación del pleno que dio su respaldo de manera unánime.
Las adecuaciones al Código Penal toman la premisa que a quien obligue o induzca a formar parte de una asociación delictuosa o pandilla a menores, no sólo recibirá hasta 10 años de cárcel, sino de 500 a 2 mil días multa.
Y si la finalidad del reclutamiento es cometer delitos graves, se incrementará la pena en una tercera parte.
Tampoco podrán contratar a menores de edad donde vendan alcohol
Aunque, los diputados fueron más allá al incluir penas 2 a 4 años y de mil a cinco mil días multa a quien contrate en establecimiento donde se vendan bebidas alcohólicas, a menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.
La diputada de Morena, Yesica Rojas Hernández, argumentó que las nuevas sanciones se impusieron tras una análisis y estudio a fondo que se tuvo al seno de comisiones legislativas, donde, incluso, hubo participación de autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).
“La reforma al Código Penal busca proteger a las personas menores de edad y a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado”.
Citó que en la última década se ha dado un incremento delictivo en la entidad mexiquense y la seguridad es una deuda pendiente con la sociedad, víctima de las organizaciones criminales y de los delincuentes que actúan en los distintos sectores y aprovechan, sobre todo, la vulnerabilidad y pobreza de la población.
Evaluó que hay una generación de jóvenes que creció en un ambiente de guerra contra el narcotráfico y que han tenido un papel protagónico como víctimas y victimarios, sobre todo, como resultado de la pobreza, marginación e impunidad siendo parte de una población lastimada y descuidada en las prioridades públicas.
“Es parte de las responsabilidades de esta Legislatura crear mecanismos que busquen proteger y garantizar un marco jurídico que atienda las necesidades prioritarias de la población”, aseveró.
ASME
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