Con las tres amnistías decretadas por el Poder Judicial al cierre de este 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha logrado la liberación anticipada de 11 mujeres y tres hombres que purgaban condenas de entre 40 y 55 años de prisión al documentar que hubo múltiples irregularidades en sus procesos.
Mujeres logran libertad por amnistía
El organismo defensor acreditó que estas personas, quienes cometieron delitos como homicidio, extorsión, evasión y robo, fueron juzgadas en condiciones de discriminación y desventaja por su origen indígena, por su género y pobreza, por no saber leer ni escribir, entre otras carencias.
Se detectó también que autoridades del Ministerio Público y del propio poder judicial de la entidad actuaron sin perspectiva de género, ya que nunca tomaron en cuenta su condición, en la mayoría de los casos, de mujeres víctimas de violencia y en la generalidad de discriminación, ya que los defensores de oficio incurrieron en omisiones y actos de negligencia en su actuación como asesores y representantes jurídicos de los indiciados.
“Cuando revisamos los casos de amnistías, son las mujeres las que reúnen más requisitos porque ser mujer ya es una categoría de vulnerabilidad y la mayoría de ellas (…) sufren violencia estructural, violencia sexual, vicaria, patrimonial, económica, pero si encontramos un hombre que tenga estas características, por supuesto que lo asistiríamos, pero hasta ahora pues han sumado puntos de desventaja las mujeres”, sostuvo Myrna García Morón, Presidenta de la Comisión estatal de Derechos Humanos.
En este esfuerzo por apoyar a personas que fueron sentenciadas y encarceladas en condiciones desfavorables, sin una defensa legal adecuada, sin intérprete de lenguas originarias o que firmaron declaraciones por consejo de sus defensores de oficio, que más que ayudarlos les perjudicaron, también participan asociaciones civiles como La Cana o Haz valer mi Libertad, entre otras, que dan seguimiento a estos casos; así como el Gobierno del Estado de Mexico, a través de la Consejería Jurídica, que otorga los recursos económicos para la reparación de daño material y moral, requisito para que los sentenciados obtengan el perdón del Estado.
Casos
Sólo este mes de diciembre Jocelyn, una mujer sentenciada a 40 años de cárcel por el homicidio de su pareja sentimental, salió del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Chiconautla, Ecatepec, donde permaneció encerrada durante 14 años.
El día de los hechos por los que fue juzgada, su concubino amenazó con matar a la hija de ambos, de un año de edad, a quien le colocó una pistola en la cabeza y luego le introdujo el arma a la boca; posteriormente Jocelyn tomó el arma y le disparó.
El Organismo Defensor también consiguió amnistías para Martina y Juan, quienes fueron sentenciados a 40 años de cárcel por una extorsión, de los cuales compurgaron 8 años. Martina fue liberada en el CPRS Femenil de Nezahualcóyotl Sur y Juan, del CPRS de Chalco.
Martina es una mujer indígena migrante, originaria del estado de Oaxaca, que habla mixteco y entiende poco el español; Juan trabajaba como ayudante de albañil, era cuidador de su mamá, quien tiene una discapacidad motora y no tenía acceso a los servicios de salud ni de seguridad social.
En el análisis de los dos expedientes la CODHEM encontró que durante el proceso penal fueron afectados los derechos humanos de las dos personas con una pena de prisión excesiva, ya que el monto de la extorsión fue de 2 mil pesos, los cuales incluso fueron recuperados.
PAT