La XL Legislatura el 30 de diciembre de 1957 tomó conocimiento del oficio del Gobernador Gustavo Baz; “Por el que propone un proyecto de decreto mediante el cual se declaran de utilidad pública los archivos de los poderes y municipios del Estado y los acervos de los documentos o archivos propiedad de los particulares relacionados con la vida pública del mismo Estado”.
El Presidente de la Legislatura, Diputado Isaías Monroy Cruz, propuso “Que este asunto se apruebe con dispensa de trámite dada la importancia que tiene este documento”.
El Diputado Julio Ortiz Álvarez propone que, la iniciativa se pase a una comisión pues su contenido es de importancia como lo ha dicho el Presidente, pero parece que faltan algunas especificaciones indispensables para acometer a la expropiación a que se refiere.
Efectivamente, en los archivos particulares y oficiales hay documentos de valor para la historia y de importancia para nuestras tradiciones.
En cuanto a los documentos y archivos oficiales no habría necesidad de declararlos de utilidad pública porque están sujetos al patrimonio del Estado, pero en cuanto a los de propiedad particular es necesario hacer especificaciones concretas para no lesionar el derecho de los propietarios, y es necesario hacer una revisión a la iniciativa en este aspecto, pues la premura con la que ha sido presentada impide a la Cámara hacer un estudio más sereno y juicioso, aún cuando el que habla no desconoce la importancia de asegurar la documentación de esa naturaleza para la historia de la provincia y para la historia de la Patria.
Es indispensable, de acuerdo con los derechos que establece el artículo 27 de la Constitución respecto a la expropiación de bienes particulares, fijar algunas bases un poco más concretas que no lesionen los intereses asegurados por la misma Constitución.
El Diputado Faustino Sánchez Pinto, propone, apoyando lo dicho por el Licenciado Ortiz Álvarez, que esta iniciativa se turne a la Diputación Permanente, con lo que se manifiesta de acuerdo la Asamblea.
El 10 de septiembre de 1858 al retomarse en el Pleno dicha iniciativa se dijo que esta “Tiene por objeto legalizar la situación del Archivo General y asegurar la conservación del mismo y de los documentos relacionados con los antecedentes históricos del Estado”. También esta iniciativa quedó sin resolución al clausurarse el primer periodo ordinario de sesiones, por lo que se turnó a las comisiones primeras de educación y gobernación.
El 8 de octubre las comisiones al presentar su dictamen acordaron que no es de aprobarse ni se aprueba la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo con su oficio de 27 de los corrientes, que tiende a reglamentar la situación del Archivo General y a asegurar la conservación del mismo y de los demás documentos relacionados con los demás documentos relacionados con los antecedentes históricos de esta Entidad Federativa.
Puesto a discusión, el Diputado Alfredo Pérez Estrada dice que va a dar su voto aprobatorio al dictamen, ya que el proyecto de ley por todos conceptos es atentatorio y anticonstitucional. Acto continuo, se aprueba el dictamen en forma económica.
Cabe señalar que la XXXVI Legislatura el 12 de septiembre de 1945 declaró “De utilidad pública los archivos de los poderes y municipios del Estado” y que al no aprobarse esta iniciativa quedó un vacío legal sobre los archivos históricos que poseen los particulares, por lo que sería pertinente que la LXI Legislatura retome la iniciativa.
DB