Por Jesús Delgado Guerrero
Recientemente el gobierno federal de la autodenominada “Cuarta Transformación” agitó nuevamente el avispero del “status quo” económico- financiero. Ahora se trata de la discusión de la reforma al sistema de pensiones, en particular el cobro de las (abusivas) comisiones e imponer un tope.
Como en otras ocasiones, la tecnocracia neoliberal se aferra a cualquier modificación. Y lo primero que hizo fue apelar al andamiaje legal que creó durante más de tres décadas (desde 1997), es decir, al alcahuete “Estado de Derecho” (“su estado de derecho”) y gritar que cualquier cambio es contrario a la ley.
Cosa de ver las reacciones de la neoliberal Comisión Federal de (In) Competencia Económica (Cofece) y a la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), que aunado a lo anterior utilizan el lenguaje tecnocrático del agandalle para decir “no me toquen ese vals”: “los cobros hay que aplicarlos acorde a los movimientos del mercado”, “promover mejores rendimientos, “es inflexible” (pues sí, es un tope), se debe hacer con “criterios técnicos” y con el respaldo de las mejores prácticas regulatorias, “la iniciativa del gobierno no justifica el criterio de selección de países para el cálculo del tope máximo de las comisiones, por lo que podría resultar arbitrario” y un largo, bla, bla, bla y más bla.
¿Qué propone el gobierno federal? Bueno, bajar de 0.92 por ciento el cobro de comisiones a 0.54 por ciento, resultado del promedio de lo que se cobra en Chile (.54 por ciento), Colombia (0.62 por ciento) y Estados Unidos (0.45 por ciento).
Las comisiones han ido descendiendo, sí, pero no porque los dueños de las Afores sean buenas personas, sino por el descarado atraco: llegaron a cobrar 1.89 por ciento (2008), es decir, casi el doble de lo actual. Sólo hasta el año 2019 bajaron del 1 por ciento: a 0.98 por ciento (y pese a ello, son todavía gandallas como prueban los casos de Chile, hasta hace poco el buque insignia del neoliberalismo, Colombia y Estados unidos).
Esto no se dice en los análisis pero una de las principales causas por las cuales el sistema de pensiones está crujiendo es justo por el elevado cobro de comisiones, mismas que reducen los rendimientos, que tendrían que ser mucho mayores a los reportados (del cierre de 2008 al cierre del tercer trimestre de 2020 se registraron plusvalías acumuladas que ascendieron a 2 billones 002 mil 027 millones de pesos, monto equivalente al 44.76 por ciento de los activos administrados por las Afore).
Lo anterior, amén de que las Siefores (Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro, que invierten los recursos administrados por las Administradores de Fondos para el Retiro, Afores) se han dado vuelo “invirtiendo” en instrumentos financieros de riesgo (vil especulación), entre otras cosas, de ahí las constantes “minusvalías” de los ahorros de las más de 67 millones 450 mil 180 de cuentas de los trabajadores, según el reporte del tercer trimestre del 2020 de la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).
Y es por eso que en vez de anunciarse que millones de trabajadores tendrán una vejez más o menos tranquila se anticipan escenarios apocalípticos con esos mismos millones de seres humanos recibiendo miserias, en calidad de sobrevivientes, y quizás con la única opción de “emplearse” en estacionamientos o siendo explotados en cadenas de tiendas comerciales.
Es de esas “ideas zombi” de las que habla el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en su libro “Contra los Zombis, economía, política y la lucha por un futuro mejor”, ante la cual es tajante en su conclusión: los sistemas de pensiones privatizados (como el nuestro y el de su país, Estados Unidos) ni generan ahorros “ni han protegido a los ancianos de la pobreza”.
Pero los financieros neoliberales no están de acuerdo siquiera en reducir las comisiones del jugoso botín (más de 4 billones 473 mil 256 millones de pesos) y hasta deslizan amagos con acudir a instancias internacionales (neoliberales también, por supuesto) para impedir este “arbitrario atraco”.
Habrá qué ver hasta donde llega el pleito, pero lo cierto también es que la “Cuarta Transformación” está quedando a deber con su iniciativa sobre las pensiones: no se trataba nada más de reducir el cobro de intereses, sino de eliminar el “Estado de Derecho” que legaliza la especulación con el dinero de los trabajadores y canalizarlo totalmente a inversiones productivas.
De ello, por ejemplo, Carlos Slim ha estado tan de acuerdo que incluso echó mano de parte de esos fondos para financiar el cancelado NAIM, aunque no se sabe si el dinero y los rendimientos generados por el pago del gobierno fueron a parar a las cuentas de los dueños de los ahorros.
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