La comunidad transexual en el Estado de México sufre de discriminación en el sector educativo, que deriva en el fenómeno de deserción escolar; en el ámbito personal carecen de servicios de salud que hace que su esperanza de vida sea sólo de 35 años y siguen siendo víctimas de discriminación y crímenes de odio.
Así lo denunciaron activistas y miembros de grupos trans, quienes demandaron al Congreso local pagar “la deuda histórica” que tiene con el sector y que legislen para acceder a una “identidad de género” que las proteja jurídica y legalmente para tener un desarrollo pleno.
La directora de “Red de Apoyo Trans”, Ana Valeria Garduño, alertó que en el sexenio federal pasado, en México incrementaron los crímenes de odio y del total, 55 por ciento se cometieron contra mujeres trans, cifra con la que el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo detrás de Brasil.
Cuestionó que la comunidad sigue enfrentándose al machismo y odio ante la falta de empatía de los legisladores. Señaló que la reforma a una ley de identidad de género es el primer paso al progreso y equidad.
La activista Tania Vázquez recalcó que el derecho a ser reconocido por el estado es un mecanismo que les permitirá acceder a la salud, al trabajo y al sufragio, al ser reconocidas legal y jurídicamente. Lamentó que ante la falta de una ley, diariamente viven una “cacería de brujas” y la esperanza de vida se acorta a los 35 años de edad.
Bajo una identidad de género, explicó, la comunidad podrá acceder a una rectificación de género, trámite administrativo en el Registro Civil para validar el nombre y género que han decido acoger y para que de esa manera puedan contar con una nueva acta.
La académica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Belem Benhumea, lamentó que desde el sector educativo se siga fomentado la discriminación y el machismo, por lo que urgió a que en todos los niveles se fomente la perspectiva de género y se erradiquen los esquemas de violencia.
Citó que, según estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sólo 21.1 por ciento termina el posgrado y 21 por ciento la educación superior, lo que contrastan con el 28.9 por ciento que no termina la preparatoria o el 10 por ciento que únicamente tiene la educación técnica.
El profesor de la Universidad de la Salud del Estado de México (ULSA), Diego Martínez González, demandó que se utilice el protocolo que existe desde 2017 para la atención de personas trans en el sector salud, al evidenciar que aún existe discriminación y falta de tratamiento para este grupo minoritario.
Mencionó que no existe acceso integral a la salud por parte de estos grupos, ni mucho menos tienen acceso a especialistas. Consideró que el estado debería asumir el gasto del cambio hormonal y también las cirugías, las cuales son de alta especialidad, nada baratas y que en ciertos casos limita el desarrollo de la identidad sexual, lo que trae consigo problemas de salud y disminución en la esperanza de vida.
Esto lo dieron a conocer en el foro “Rumbo al Reconocimiento de los Derechos de las Personas Trans”, organizado por la bancada del PRD en el Congreso local, partido que impulsa la iniciativa de la identidad de género.
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