Si algo caracterizó a los ayuntamientos 2018-2021 fue la mala o nula planeación del manejo financiero en los tres años de su administración.
Que derivó en un dispendio de recursos, a grado tal que en muchos casos los presidentes municipales enfrentaron problemas para pagar a sus trabajadores y empleados.
Hay casos paradigmáticos de lo que no se debe hacer, como por ejemplo el de Naucalpan, donde las anomalías de la anterior administración todavía no terminan de crecer a cuatro meses de iniciada la gestión del nuevo gobierno.
Recientemente, la presidenta municipal Angélica Moya Marín anunció que ya terminaron de pagar los 68 millones de pesos, remanentes de un crédito por 270 millones que contrató a corto plazo la administración de Patricia Durán Reveles, sin solicitar el aval del cabildo y que no terminaron de pagar, lo que originó que el Gobierno de Naucalpan fuera incluido en el Buró de Crédito, por lo que no podrá solicitar nuevos endeudamientos de la banca comercial en el mediano plazo.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México solo eligió a una muestra de los 125 ayuntamientos en su análisis de la cuenta pública 2020 y entre ellos no se encuentra Naucalpan, cualquier coincidencia con la filiación política de la exalcaldesa seguramente será mera coincidencia.
Sin embargo, la propia autoridad municipal y al menos dos particulares solicitaron al OSFEM que realice auditorías externas al gobierno que encabezó Patricia Durán Reveles, por lo que estará obligado a ordenar que se realicen y al menos hacer una revisión por cuenta propia.
TE RECOMENDAMOS: Pueblos con encanto
Desde ahora hay mucha expectativa por los resultados que puedan arrojar los análisis financieros de los años 2019, 2020 y 2021 para saber dónde quedaron los más de cuatro mil millones de pesos que ese gobierno municipal heredó a la actual administración.
Mientras eso sucede, desde el Congreso local se dio luz verde, en teoría, a los 125 gobiernos municipales para contratar créditos a largo plazo o refinanciar las deudas contraídas por administraciones anteriores y heredadas a las actuales.
Vale recordar que al menos unos 45 ayuntamientos registraron sus financiamientos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre los años 2007 y 2015 y en el caso de los más grandes, esas deudas fueron contratadas hasta por 25 años, lo que representado un lastre para los gobiernos subsecuentes.
El problema es que, como decíamos al principio, los gobiernos municipales adolecen de una verdadera planeación y como duran en el cargo solo 3 años, con opción ahora a quedarse tres más, sólo establecen programas a muy corto plazo, de ahí que cada tres años deba reconfigurarse o reconstruirse el gobierno municipal completamente sobre bases que en muchas ocasiones no sirven de nada, porque solo heredan deudas y problemas.
Un ejemplo de esto es que, al 31 de diciembre, solo seis ayuntamientos acumulaban una deuda global por más de 400 millones de pesos que fueron adquiridas entre 2013 y 1014, débitos a los que las administraciones subsecuentes ignoraron o abonaron muy poco al capital, porque no era deuda propia.
Para que nos demos una idea, Ecatepec registró una deuda en 2013 por 470 millones y de ahí a la fecha todavía debe 435 millones de pesos, no han pagado nada.
Los ayuntamientos de 2013 a la fecha han optado por embargar participaciones federales para obtener liquidez, pero sólo ha generado un círculo vicioso que en algún momento debe pararse, antes de que el tema se convierta en un ente incontrolable que amenace el funcionamiento de los gobiernos municipales y, por supuesto, la gobernabilidad.
FOR
Deja una respuesta