El jueves 19 de mayo mientras se realizaba al interior de la Catedral de Toluca la ceremonia de sucesión de Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos, un colectivo LGBTTTIQ+ protestaba a las afueras del inmueble para exigir el reconocimiento de sus derechos.
Sin embargo, algunos miembros de la policía que resguardaba el lugar optaron por ejercer violencia contra los manifestantes.
Derivado de ello, no sólo los manifestantes fueron afectados, sino también periodistas que cubrían la protesta para los diferentes medios informativos para los que laboran.
Lastimosamente uno de ellos resultó con una fractura de rodilla y algunos más con golpes que no requirieron mayores atenciones.
Al interior del recinto donde Monseñor Raúl Gómez González era ungido al frente de la Arquidiócesis de Toluca, había toda una pasarela de personajes de la política que acudieron a la ceremonia, incluso el Gobernador Alfredo del Mazo llegó al lugar al final del evento y es por esa razón que los manifestantes pretendían hacer escuchar su voz en el lugar, sin embargo antes de lograr su cometido fueron encapsulados por los elementos policíacos y reprimidos con violencia.
Es menester decir que muy rápida fue la reacción de la Secretaría de Seguridad, encabezada por Rodrigo Martínez-Celis Wogau, al levantar la mano para reprobar los hechos de los elementos policíacos que actuaron mal y hasta adelantar una investigación del área de asuntos internos de la dependencia para imprimir un castigo a los elementos que no actuaron apegados al protocolo establecido.
Pero no sólo eso, también se reunieron un día después de los hechos con representantes de medios de comunicación y la Codhem para analizar lo sucedido y anunciar que sería la misma Secretaría quien se haría cargo de los gastos generados por las agresiones.
Así como sentar bases para una colaboración constante con la prensa, así como se señalan los yerros, también deben señalarse los aciertos de las autoridades cuando los tienen.
Sin embargo, el fondo de este asunto parece estar no muy lejos del punto donde sucedieron las manifestaciones la semana pasada: en el Congreso.
Y es que para nadie es un secreto que legislaturas van y vienen y simplemente no hay forma en que los diputados den entrada a la discusión sobre matrimonios igualitarios, una muy sentida exigencia de un sector de la población al que también gobiernan, pero parece que simplemente hacen oídos sordos a sus reclamos.
Y como sucede en cada periodo legislativo, esta vez parece que tampoco tendrá lugar esa discusión al interior de la Cámara, pues el tiempo se agota y no hay la voluntad política para discutir el tema, tal parece que ningún partido, ¡ninguno!, quiere cargar con el peso político que ello tendría, pero que nadie se confunda: esa es una obligación que como legisladores deben abordar.
¿Hasta cuándo los legisladores van a tomar al “toro por los cuernos” en este asunto?, ¿Cuántas manifestaciones más y expresiones de violencia se requieren para que los diputados vuelvan la vista a quienes por años les han exigido igualdad de derechos?
Por lo pronto hay que dejar de ver sólo los tristes hechos de violencia y exigir al Legislativo que siente desde las leyes las bases para atender las demandas de todos los sectores de la sociedad, ¡todos!
Twitter: @campudia