El juicio político de Donald Trump, acusado de “incitar a la insurrección” y representar “una amenaza a la democracia”, se inicia con la interrogante de si el ex presidente quedará una vez más impune por sus acciones para mantenerse en el poder, aun si eso incluía provocar una crisis constitucional y promover la violencia armada de agrupaciones neofascistas en una intentona de golpe de Estado.
El juicio –sin precedente por ser el segundo contra un mismo presidente– se realizará en el Capitolio, que fue tomado por asalto el 6 de enero y hoy permanece resguardado por miles de tropas de la Guardia Nacional –es decir, la sede del juicio es a la vez zona de crimen–, comienza hoy y aunque no tiene fecha para concluir, se espera que durará por lo menos una semana.
El equipo de nueve diputados que ejercen el papel de fiscales en el proceso presentará la evidencia por el cargo –llamado “artículo de im-peachment”– aprobado por la cámara baja en el juicio realizado ante un Senado transformado en tribunal y cuyos integrantes se convierten en jurado.
El ahora ex presidente está acusado de “incitar violencia contra el gobierno de Estados Unidos” el 6 de enero, como parte de su “conducta, con el objetivo de subvertir y obstruir los resultados electorales” del 3 de noviembre.
El artículo de impeachment afirma que el ahora ex presidente “ha demostrado que permanecerá como una amenaza a la seguridad nacional, la democracia y la Constitución”, que ha actuado de una manera “incompatible” con el imperio de la ley y por lo tanto “amerita… ser descalificado para obtener y disfrutar cualquier puesto de honor, confianza o lucrativo bajo (el gobierno de) Estados Unidos”.
Los diputados-fiscales han advertido que si el Senado fracasa en condenar a Trump, eso “envalentonará a líderes futuros para intentar mantenerse en el poder por cualquier y todo medio y sugiere que no hay ninguna línea que un presidente no pueda cruzar”.
Los argumentos de los abogados de Trump fueron detallados este lunes y explican que el proceso mismo es inconstitucional, que la acusación viola la libertad de expresión de su defendido y que el Senado no tiene la facultad para condenar a un ex presidente.
Sin embargo, el presidente fue impeached –formalmente acusado– cuando aún estaba en la Casa Blanca y la Constitución no hace referencia a cuando se puede usar el impeachment y entrega al Senado una amplia latitud para establecer las reglas de cómo proceder en estos casos.
Se requiere una mayoría de dos tercios para condenar al ex presidente, y aunque el primer castigo de tal proceso, la destitución, es nulo porque el acusado ya no está en su puesto, la segunda es la prohibición para que ocupe un puesto electoral federal en el futuro. Por ejemplo, no podría postularse como candidato presidencial una vez más.
Pero para llegar a los dos tercios, los 50 senadores demócratas necesitan que se sumen 17 republicanos, algo que muchos consideran poco probable, pero, dependiendo de cómo proceda el juicio, no imposible.
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