Vale la pena seguir reflexionando sobre los resultados del Índice de Desarrollo Democrático de México 2021 (IDD), publicado hace poco por La Fundación Adenauer, el INE y otras instituciones.
Los datos obtenidos son útiles para hacer un balance crítico del avance democrático del país, particularmente del Estado de México, el más poblado, el de más electores y el de más gasto en instituciones comiciales.
Según el IDD 2021, la entidad con más alto desarrollo democrático es Yucatán y la menos desarrollada es Guerrero.
El Estado de México ocupa el lugar 17 a nivel nacional, que no se corresponde con el hecho de ser el que más gasta en la organización y calificación de elecciones (IEEM y TEEM).
Así como en fomentar la participación ciudadana y la educación cívica, ambas actividades indispensables para la construcción de ciudadanía y democracia.
La entidad mexiquense está a media tabla y es de bajo desarrollo democrático, a pesar de su competitividad económica, su fuerza demográfica y su presunto liderazgo electoral.
Aunque en 2021 el IEEM gastó más de 3 mil millones de pesos y el TEEM casi 351 millones, esto no se reflejó en la organización de comicios más íntegros o en la impartición de justicia electoral imparcial.
Todos esos recursos no han sido suficientes para incentivar la participación electoral; construir ciudadanía, promover el respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos o para conseguir la democratización de los partidos políticos.
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En todas esas áreas hay déficits importantes que ni el IEEM, el TEEM o el gobierno estatal han logrado revertir, no por falta de recursos o capacidades, sino por meros intereses políticos del grupo gobernante.
¿A quién le conviene que en el Estado de México haya un bajo desarrollo democrático?
Lógicamente es al PRI y a los grupos que se han mantenido en el poder desde 1929, primero el encabezado por los hermanos Gómez, hegemónico hasta 1942, y desde entonces por el grupo Atlacomulco y otros apéndices del Valle de México.
Esas camarillas han impedido que la entidad se democratice.
Un ejemplo del atraso se refleja en las pocas organizaciones de la sociedad civil, que según Sergio Aguayo en su libro Remolino (2014), no pasaban de cuatro decenas, mientras que en la CDMX eran miles.
Una causa del atraso es que la UAEM no se expandió hacia el Valle de México hasta 1987. La educación superior tuvo que ser impartida por la UNAM.
El desinterés de las élites mexiquenses por la educación tenía un trasfondo político: entre más atraso sería más sencillo controlar a los habitantes.
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Gran parte de la responsabilidad del atraso democrático también es de la oposición partidaria. A pesar de su brío inicial, la mayoría de los partidos (o todos) han sido cooptados por el sistema.
El tristemente célebre Arturo Montiel repetía que todo lo que se podía comprar en política resultaba barato.
Eso es lo que se ha hecho, en mayor o menor medida, con el PAN, PRD, PT, PVEM, MC, PANAL y Morena. A muchos de sus líderes se les ha repartido poder y riqueza. Serían incontables las fortunas y cargos obtenidos por esta vía.
Pero eso no les quita el sueño.
En ese sistema de complicidades también han entrado consejeros, funcionarios y magistrados electorales ambiciosos, que han lucrado con sus cargos.
Así se han hecho de poder efímero y dinero, sin preocuparse por el atraso democrático. A pesar de eso, la mayoría seguirá subordinada a los poderosos, porque su carrera política depende de ellos.
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