La fracción parlamentaria de Morena en la legislatura local reveló que los fideicomisos a extinguirse del Poder Judicial, alcanzarían los mil millones de pesos, por lo que solicitarán auditorías para evitar que sean vaciados y al calificar poco creíble que los 50 mil pesos a entregarse a cada servidor público, no sea un bono extraordinario.
El diputado Octavio Martínez Vargas, recordó que la desaparición de estos privilegios será a partir de la entrada en vigor el dictamen de la reforma judicial aprobada el 5 de diciembre, y que del 7 de enero al 30 de agosto un presidente interino deberá observar su implementación.
Fideicomisos del Poder Judicial del Edomex
Acusó la opacidad del Poder Judicial y recordó que tan solo en la Cuenta Pública 2023 recibió 102 observaciones en el presupuesto que ejerció.
Reconoció que se desconoce el número de fideicomisos operados, pero refirió que el recurso que en conjunto manejan se acerca a los mil millones de pesos, por concepto de retiro, prestaciones económicas de jueces y magistrados.
“Se presume que son del orden de mil millones de pesos en conjunto. Ha habido absolutamente opacidad en el uso de los recursos públicos de esas 102 observaciones del OSFEM del ejercicio 2023, pero concretamente de los fideicomisos hay poca información, pero existen, y de ahí están dilapidando el recurso para los servidores públicos”, advirtió.
El diputado, autor de la reforma judicial mexiquense, alertó que dichos fideicomisos podrían ser vaciados, por lo que los vigilarán desde el Poder Legislativo, toda vez que esos recursos, deben ser reintegrados a la Hacienda Estatal para programas sociales y para infraestructura judicial.
“Si Sodi pretende vaciar los Fideicomisos de aquí al 7 de enero, pues vamos a estar al pendiente desde el Congreso, particularmente, que tenemos la facultad de Fiscalización a través del OSFEM, pero existe alguna responsabilidad iniciar acciones de naturaleza administrativa y eventualmente penales, si continúan en el mal uso de recursos públicos”, advirtió.
Pedirán intervención de OSFEM
Martínez Vargas anunció que pedirán al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), emprenda una auditoría forense a los recursos, y en especial al anuncio de entrega de 50 mil pesos a cada funcionario judicial para que de ser el caso actuar de manera administrativa y penal.
Calificó poco creíble que la cantidad anunciada no se trate de un bono, sino de un plan de pensiones, como respondió cómo lo catalogó el Poder Judicial, porque dicho beneficio no se entregó en otros años, sino en el momento en que se dio la aprobación de una reforma constitucional.
El legislador adelantó que con el nombramiento del presidente interino el 7 de noviembre, el Congreso local dará seguimiento a la extinción de los fideicomisos, así como la implementación de la reforma judicial que prevé 32 modificaciones constitucionales y 17 transitorios.
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MPH
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