Durante su comparecencia legislativa del pasado 2 de octubre, el secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente, reafirmó el compromiso hecho por el gobernador en su quinto informe de gobierno: el Estado de México tendrá elecciones libres en 2023. Sin embargo, esta promesa no se refleja en los hechos. Ni antes ni ahora.
Se puede afirmar, sin duda alguna, que la entidad no ha tenido elecciones libres en casi un siglo. Desde la fundación del Partido Socialista del Trabajo (1925) y del Partido Nacional Revolucionario (1929) fusionados años después, los comicios han sido controlados por el gobierno. Esos partidos fueron maquinarias que impusieron siempre a sus candidatos, incluso sin realizar algunas elecciones municipales, lo cual se puede comprobar en los archivos históricos.
La situación se mantuvo igual en la era del Partido de la Revolución Mexicana y del actual PRI. Las elecciones siguieron controladas desde el gobierno y, desde 1945, con la complicidad de los nacientes órganos electorales, dependientes de él. Tal condición no cambió mucho a partir de 1996, con la creación de institutos y tribunales formalmente ciudadanizados. Con otros matices siguieron subordinados al gobierno, al menos en suelo mexiquense.
¿Como podrá haber elecciones libres si desde su creación el IEEM y el Tribunal Electoral local han estado subordinados al gobierno estatal que ahora hace esa promesa? Basta con revisar la composición histórica de los órganos superiores de esas instituciones, para ver que la mayoría han tenido ligas con el PRI y con el gobierno. Por lo tanto, su actuación ha estado históricamente sesgada; no han sido imparciales.
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Este sesgo se ha mantenido en la composición actual del IEEM, incluida la presidencia y la mayoría de las consejerías, a pesar de la intervención del INE en su nombramiento. A eso hay que sumar el control priista en la secretaría ejecutiva y en la mayoría de direcciones. Lo mismo puede decirse del Tribunal Electoral local. A pesar de la intervención del Senado en la selección de magistraturas, sigue subordinado al gobierno.
Además, en lo realizado para el siguiente proceso electoral no se aprecian cambios significativos, que marquen diferencias con el de 2017. Las convocatorias para reclutar a vocales de las juntas distritales y consejerías no tienen novedades. El control de la estructura operativa sigue en manos del secretario López Corral y no del Consejo General. No hay cambios efectivos para organizar comicios libres en 2023. El IEEM sigue siendo impotente para detener los abusos gubernamentales en todos los niveles.
Otro ejemplo. Las consejerías distritales nuevamente serán definidas por sorteo, lo cual impide valorar su compromiso democrático, prestigio público y profesional o la pluralidad cultural. El sorteo favorece al PRI, porque siempre inscribe más militantes en los concursos que cualquier otro partido, especialmente en las zonas rurales. Por eso tiene más probabilidad de tener consejerías afines, además de muchos vocales que sistemáticamente repiten en los cargos por sus nexos políticos.
Si a eso se suman las complicidades de varios partidos de “oposición” con el gobierno estatal, la posibilidad de contar con elecciones libres es una ilusión. Nuevamente se verán programas sociales clientelares, prácticas de compra y coacción del voto o de terror electoral. Se puede afirmar que otra vez no habrá elecciones libres, a pesar de que muchos discursos anuncien una fiesta cívica.
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