El reciente Informe del Proceso Electoral 2023, presentado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Leticia Victoria Tavira, deja en claro la realidad electoral: La participación ciudadana sigue siendo un asunto pendiente, pues apenas rebasó 50 por ciento para la elección de la gobernadora. Pero no es este número lo que verdaderamente debería alarmarnos, sino el uso de los recursos que financian a los partidos políticos y la forma en que estos, con contadas excepciones, los administran.
Si el financiamiento público proviene del bolsillo de cada ciudadano mexicano que contribuyen fiscalmente, ¿no deberíamos estar viendo una real inversión en la promoción de la vida democrática? Es un deber primordial de los partidos políticos devolver cada peso invertido en ellos con acciones concretas que generen verdadera equidad en las contiendas electorales.
Sin embargo, lo que ha surgido es un descontento palpable. Las grandes sumas que se destinan como prerrogativas a los institutos políticos han generado escepticismo y enojo de la población. La ciudadanía se pregunta: ¿dónde está ese retorno de inversión? La percepción general es que esos millones terminan en los bolsillos de una élite política, enriqueciendo a unas cuantas familias y consolidando un poder que parece distante de los verdaderos problemas y necesidades de la gente.
Y no es que esta percepción sea completamente infundada. La corrupción, el derroche y el enriquecimiento ilícito son males que han tocado a más de un partido en México. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a esta “élite” política. Pero el cuestionamiento no debe quedarse en señalar a unos cuantos. Debe extenderse también al propio partido en el poder, su partido.
La presencia de los líderes de los partidos en el informe de quien deja el cargo como presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México tiene relevancia, pues todos tienen una responsabilidad compartida en la construcción de un sistema democrático sólido, pero que también debe ser muy transparente. La ausencia de algunos de ellos, como José Couttolenc, del Verde Ecologista, y Martha Guerrero, de Morena, llama la atención, pero quizá fueron verdaderamente causas de fuerza mayor y ojalá así lo sea.
Por otro lado, el IEEM, a través de su presidenta, Amalia Pulido Gómez, ahí presente, no debe quedarse ajeno a esta realidad. La administración y supervisión del financiamiento electoral y las campañas son esenciales para garantizar que el dinero público se utilice adecuadamente. Pero además debe contribuir todavía más a esta promoción del voto ciudadano en cada elección, sobre todo ahora que vienen elecciones concurrentes y las convierten en las más grandes de la historia en el país.
Es necesario replantear cómo se financia y se vigila a los partidos políticos. La democracia tiene un precio, sí, pero este no debería ser el desencanto ciudadano ni el escepticismo hacia el sistema y hacia los institutos políticos.
Es momento de que los partidos respondan con transparencia, honestidad y compromiso real. La democracia es, y siempre será, la mejor inversión para México, por ello la defensa de las instituciones como el Instituto Nacional Electoral. No en vano miles y miles de personas han salido a las calles para evitar que sea desaparecido.
Sólo para darnos una idea, este 2023, el total de recursos que recibieron los partidos políticos en el Estado de México, para actividades ordinarias, actividades específicas y obtención del voto, fue de mil 289 millones 763 mil pesos. Estos recursos fueron divididos entre ocho partidos políticos de acuerdo a la votación obtenida en la elección de alcaldías y diputaciones de 2021. Así que los que más recibieron fueron Morena y el PRI, pero todos deben desquitarlos. ¿O no?.
TAR