Son siete las denuncias formales presentadas por empresarios de Cuautitlán Izcalli en contra del operativo Atarraya, debido a la presunta falta de protocolos en su aplicación. Así lo señaló Raúl Chaparro Romero, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM).
De acuerdo con Chaparro Romero, las denuncias fueron interpuestas por la ausencia de procedimientos legales en las acciones de la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli.
“Lo han hecho a través de ASECEM y les hemos dado respuesta, son siete denuncias y todas son de Cuautitlán Izcalli, que es mucha casualidad”.
Empresarios señalan falta de legalidad
El representante empresarial destacó que los cierres de establecimientos no se realizaron conforme a la normatividad, ya que no se cumplió con el requisito de contar con una carpeta de investigación previa.
“Los cerraron sin llevar a cabo una forma legal, sin una denuncia como debe de ser, si no hay una carpeta de investigación no tienen por qué acudir a un lugar cuando está cerrado y clausurarlo con las calcomanías, no se investigó”, indicó.
Además, Chaparro Romero subrayó la necesidad de que las autoridades actúen conforme a la ley en estos procedimientos.
“Ahorita el problema que tenemos nosotros como representantes empresarios es buscar el ‘cómo sí’ y actuar legalmente, porque si realmente se vendía alguna bebida prohibida o droga, que se cierra, hay que actuar conforme a derecho, pero parece que esto ha sido todo lo contrario en Cuautitlán Izcalli”.
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Diálogo con autoridades por el operativo Atarraya
En este contexto, anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo una reunión con el vice fiscal, Marín, a la que asistirán 12 empresarios para dialogar sobre la situación.
“La legalidad no ha procedido, tenemos que verlo más arriba y el día miércoles tenemos reunión con el vice fiscal, el Mtro. Marín, y vendremos 12 empresarios a hablar de lo que está sucediendo porque ese cambio de fiscales no nos ha beneficiado en nada, entonces si necesitamos que nos den la cara porque son servidores públicos”.
El empresario también comentó las implicaciones económicas de las acciones de clausura.
“Acciones así no son productivas, se arriesga dinero que gana el empresario, que gana el ayuntamiento, y los empleados; las familias, pero parece ser que no se entiende así. Los nuevos gobiernos que entren deben tener entendimiento de lo que es verificaciones y clausuras, están bien los operativos, pero con una carpeta de investigación”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del operativo Atarraya, se aseguraron 175 bares y “chelerías” en distintos municipios de la entidad.
De los anteriores, 30 cierres se realizaron mediante técnicas de investigación y 145 a través de inspecciones.
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MPH
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