Hoy estamos a nueve días de la jornada electoral del 6 de junio y a partir de mañana viernes sólo restan seis días a las y los candidatos de los partidos y coaliciones para hacer campaña. La recta final.
Razones sobran para calificar de histórica a esta campaña electoral, entre las principales: la más grande por el número de cargos de elección popular que están en juego; las elecciones “más limpias” como se señaló en este espacio, porque es una jornada electoral que se realiza en medio de la pandemia de Covid-19 y ello obligará a instrumentar acciones como la dotación de gel, sana distancia en las casillas y uso de cubrebocas, para preservar la salud de los funcionarios de las mesas, representantes de partidos y del electorado.
Pero de todas esas singularidades hay una adicional que llama poderosamente la atención: la violencia en contra y entre los mismos actores políticos, como nunca antes. La contienda electoral sí es una confrontación, pero de ideas y propuestas.
En la historia política contemporánea el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia del país en 1994, nos despertó a una realidad de la que no se daba crédito.
Hoy, a 27 años de distancia, esa violencia entre los actores políticos en medio de una contienda electoral, es más frecuente.
El martes nuevamente la violencia enlutó una campaña con el crimen de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, durante una actividad proselitista a la que ella, horas antes vías redes sociales, había invitado a sus simpatizantes.
De acuerdo con Etellek Consultores se ha registrado el asesinato de 34 aspirantes y candidatos (siete de ellas mujeres), de los cuales 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal, como lo son las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías y de ellos el 89 por ciento se identificaban como opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar.
Además, cuatro aspirantes y candidatos asesinados competían por diputaciones estatales, y todos eran opositores a los gobiernos estatales y una víctima más era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.
A estos lamentables sucesos se agregan los actos de intimidación como el ocurrido a Zudikey Rodríguez, candidata de la Alianza Va por el Estado de México a la presidencia municipal de Valle de Bravo o las confrontaciones verbales entre los mismos candidatos, llegando incluso a las amenazas.
La violencia no puede ser tolerada en ningún ámbito, mucho menos en una campaña electoral que debería ser muestra de un ejercicio de civilidad por todo lo que está en juego el día de la elección, el destino en los municipios y en las esferas legislativas.
Lo más preocupante es precisamente la recta final de las campañas que aunque legalmente deben concluir el dos de junio para dar paso a una etapa de reflexión; los tres días restantes pueden ser utilizados para arreciar la campaña negra y de descalificación; espero estar equivocado.
Un escenario violento lo único que lleva es a ahuyentar al electorado de las urnas. Por el bien de la democracia esperemos que eso no ocurra.
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ASME
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