Un joven caminaba rumbo a casa cuando un grupo de policías estatales lo detuvieron sin motivo alguno, lo subieron a una patrulla y en el trayecto le dieron descargas eléctricas en sus partes genitales con un taser, hasta hacerlo perder el conocimiento, vomitar y convulsionar.
Aunque este caso – ocurrido en Toluca en 2020- tenía indicios de tortura, de acuerdo con lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dos de los elementos responsables fueron condenados solamente por abuso de autoridad y lesiones. A dos años de los hechos pagan su pena fuera de prisión.
Esta información forma parte de una “sentencia relevante” disponible en el portal de transparencia del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), el cual fue consultado por La Jornada Estado de México.
Tras revisar este portal se detectaron al menos 44 policías que el año pasado fueron sentenciados por el delito de abuso de autoridad en la entidad mexiquense; 21 de ellos fueron encontrados culpables y 23 elementos fueron absueltos.
Esta información se obtuvo tras revisar las 25 sentencias públicas por abuso de autoridad que se reportaron en los juzgados de control y juicios orales de las regiones de Toluca, Ecatepec, Texcoco y Tlalnepantla durante el año pasado.
Sin embargo, la Jornada Estado de México no localizó ninguna sentencia pública por el delito de tortura en las mismas instancias.
El año pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México radicó 40 quejas por presunta tortura, de las cuales 27 son contra policías municipales y 13 contra policías estatales, pero al parecer no trascendió.
Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), consideró que hay casos de tortura evidentes que las autoridades han “disfrazado” como abuso de autoridad, con el objetivo de ocultar estos Crímenes de Lesa Humanidad.
“Claro que es una salida política y me atrevería a decir: estadística, muy viable para las autoridades. Es una actitud de camuflaje, de disfrazar, ocultar esos datos duros”, dijo.
Lara Duque observó que a diferencia de la tortura -que es un Crimen de Lesa Humanidad- el abuso de autoridad no es un delito grave y no está necesariamente contemplado en el estándar internacional, por lo tanto el servidor público que lo comete recibe penas menores en su condena.
En el caso del joven deportista – mencionado al principio- los dos policías sentenciados recibieron una condena superior a los cinco años de prisión, pero no fueron encarcelados, toda vez que se les concedió sustituir la pena por el sistema de localización y rastreo.
Antonio Lara consideró que, si este caso se hubiera juzgado como tortura bajo los estándares internacionales, los policías posiblemente habrían recibido una condena de por lo menos 30 años de prisión.
“El estándar internacional dice que la tortura es la práctica que cause daño a una persona, entiéndase psicológico, físico, esencialmente para obtener información o simple y sencillamente como castigo y diversión, cometido por servidores públicos”, explicó.
La información obtenida a través de las sentencias públicas encontradas revela que de los 21 policías que recibieron sentencia condenatoria por abuso de autoridad el año pasado, al menos a 16 se les concedió el procedimiento abreviado, y por lo tanto recibieron las penas mínimas reducidas hasta en un tercio, al reconocer voluntariamente su participación en el delito.
Además, el 90% de los policías condenados evitaron ir a prisión, 14 con el pago de una multa, debido a que se les concedió la sustitución de pena, a tres más se les otorgó la suspensión condicional de la condena y dos elementos tienen el beneficio del sistema de localización y rastreo.
“Una cosa es que sean sentenciados por abuso de autoridad y otra que se mantengan en prisión, porque si la sentencia es menor a 5 años 8 meses, perfectamente pueden solicitar un localizador satelital, incluso si es menor a cinco años perfectamente pueden pagar una sustitución de pena y salen en libertad”, explicó el abogado.
Para el defensor del CDHZL, este tipo de beneficios fomentan la impunidad y dan el mensaje de que se protege a los policías para que puedan cometer “tortura sistemática permanente multitudinaria en toda la entidad”.
De las diez sentencias condenatorias por abuso de autoridad dictadas el año pasado y que fueron revisadas, en cinco se detectan detenciones arbitrarias; en siete casos las víctimas sufrieron golpes; en dos asfixia, en uno toques eléctricos en genitales y por lo menos en tres se reportan lesiones.
Entre los abusos también han quedado documentadas agresiones verbales, la colocación de bolsas en la cara y casos de robo de celulares o dinero en efectivo.
En el 85 por ciento de los casos revisados, los policías condenados podrán regresar a ocupar un cargo público, pues solo fueron inhabilitados de uno a cinco años.
De los 21 policías que recibieron sentencia condenatoria, 18 fueron destituidos de la corporación, once de forma permanente, pero otros siete podrán recuperar su trabajo, pues esa pena solo es de manera temporal.
Sufrieron tortura 66% de los presos en Edomex
De acuerdo con el primer informe sobre las personas injustamente presas en el estado de México, realizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, 66 por ciento de las personas privadas de la libertad en los penales mexiquenses sufrieron tortura desde el momento de ser detenidos hasta el momento previo a ser puestos a disposición del Poder Judicial.
Según el informe del CDHZL, entre las prácticas de tortura más comunes se encuentran: los golpes, la asfixia, los piquetes en las manos con plumas o alfileres, los toques en órganos sexuales, cortes en el cuerpo y las quemaduras; abusos que dañan física y psicológicamente a quien los ha sufrido.
Tlatlaya y Atenco están en la memoria
Hace algunos días, Alejandro Gómez Sánchez renunció a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; uno de los eventos que marcó su gestión fue el caso Tlatlaya.
Tenía un mes de haber asumido el cargo de procurador, cuando el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, de ese municipio.
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que estas muertes fueron resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.
La CNDH logró acreditar además, que personal adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México cometió actos de tortura y agresiones sexuales contra tres mujeres detenidas, para obligarlas a declarar contra su voluntad.
La recomendación 51/14 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advertía que los actos de tortura por parte de siete policías ministeriales iban desde golpes con nudillos, asfixia, ahogamientos con bolsas o en la taza del baño y amenazas de ser violadas, entre otros abusos.
Otro de los casos de tortura cometidos en el Estado de México, es el que sufrieron más de 20 “mujeres de Atenco” en 2006, durante un operativo policial que ordenó el gobierno de Enrique Peña Nieto en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco.
Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, dos jóvenes murieron, más de 200 personas fueron detenidas y decenas de mujeres fueron víctimas de tortura y agresiones sexuales mientras eran trasladadas e ingresadas al penal.
El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, y a no ser sometido a tortura en perjuicio de once mujeres víctimas.
Entre otras cosas, la Corte ordenó a México continuar e iniciar las investigaciones y sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, pero a 16 años de los hechos aún no hay justicia y prácticamente todos los implicados están libres.
Cicatrices que no se borran
Dos empleadas de un establecimiento comenzaron a grabar con el celular cuando se percataron de que un grupo de personas, vestidas como civiles, correteaban a un joven hasta que lo alcanzaron y golpearon una y otra vez, en las instalaciones del centro comercial Mundo E, en el municipio de Tlalnepantla.
Este video ha sido utilizado por Antonio Candelaria, para evidenciar que su hijo – del mismo nombre- fue detenido con abuso policiaco el 20 de abril del 2015, y posteriormente, torturado por policías federales.
“Se lo llevaron a un cuarto, él no se dio cuenta dónde estaba porque con su misma playera le cubrieron el rostro. Mi hijo fue torturado durante cuatro horas. Le pusieron una toalla, le dieron toques, le ponían la pistola en sus genitales, en la sien y le dieron una super tranquiza para que se declarara culpable”, acusó.
Antonio Candelaria recordó que pasó tres días sin saber de su hijo: “ya estábamos hasta llorando, cuando recibimos la llamada, me dijo: papá soy Toño, estoy en Tepic, me tienen detenido, me acusan de que pertenezco a la Familia Michoacana que cometí un secuestro y extorsión”.
“Cuando llegué a Tepic y lo ví, mi hijo estaba totalmente golpeado, rapado, yo no lo reconocí, de hecho, pensé que no era mi hijo, si le escuchaba la voz, pero como estaba entre las rejas no se alcanzaba a ver muy bien, me di cuenta que era él por una verruguita que tiene desde que nació “, relató su papá.
“Durante las audiencias, por miedo, él no decía nada, ya en la última, cuando lo sentenciaron le dijo al juez: sabe qué, a mí me pegaron, me llevaron a un cuarto, me pusieron la pistola, me pusieron la toalla en la cara y de los mismos golpes me desmayaba y me volvían a reaccionar”, platicó .
En el año 2019, con el Protocolo de Estambul quedó documentada la tortura que sufrió “Toño”.
“Con toques eléctricos todos hablan”
“Llegaron a la casa, entre seis y ocho hombres con armas largas, lo único que a mi hermano le dijeron fue: ya chingaste a tu madre”, relata Lady Plácido.
Su familiar, Daniel Plácido Arroyo, un joven talachero, de 26 años de edad, fue acusado de secuestrar a una persona que supuestamente lo reconoció mientras circulaba en un auto, “por ser moreno y estar mugroso”.
“ Desde el momento en que lo subieron a la camioneta -Van, blanca, sin placas, toda cerrada- lo comenzaron a golpear en la boca del estómago. Ellos golpean con la mano abierta en la cara para que no se vean los golpes.
Así comenzaron a torturarlo. Le decían que tenía que declararse culpable, él les decía que no lo iba a hacer y ellos le dijeron que iban a llevar a su esposa y que la iban a violar enfrente de él, y haber sí es cierto que no iba a confesar”
Daniel fue detenido por policías ministeriales el 5 de noviembre de 2015, en la comunidad de San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca.
“Fue entre 3 y 4 de la tarde y lo presentaron al penal hasta las 8:30 de la noche, y durante ese lapso lo anduvieron paseando y golpeando todo el tiempo.
Le mostraban fotos de sus bebés, de mi cuñada, de nosotros y lo amenazaban con que nos iban a desaparecer y no iba a saber en donde íbamos a quedar y ese era el temor de mi hermano.
Poco a poco fue diciendo lo que le hicieron: brincaban encima de él, le levantaban las manos como para atrás de modo que lo querían tronar del cuello y del omoplato. Todo eso está en un certificado médico.
Ya que habían golpeado a mi hermano, le quitaron la playera y se le vino toda la sangre y le dicen que se vaya a lavar la cara porque venía lo mejor y lo mejor. le dijeron: es que “con toques eléctricos todos hablan”.
Recuerdo que mi hermano tenía la barba cerrada y cuando entró al penal, uno de los custodios le quiso quemar la piel con un encendedor pero de eso, como familia, te enteras después de un tiempo, porque los trauman tanto, que ellos prefieren quedarse callados y no decir todo lo que les hacen”.
“Estaba visiblemente golpeado”
Jorge Daniel Juárez solo iba a denunciar el robo de un vehículo al Ministerio Público cuando ahí mismo lo detuvieron y lo acusaron de cohecho, pero al no encontrar pruebas en su contra, un juez lo dejó en libertad, sin imaginar que la pesadilla apenas iniciaba para él, señala su hermana Claudia Juárez.
A ella le tiembla la boca de impotencia al acusar que un grupo de policías ministeriales sacaron a su hermano del penal, mientras afuera la familia esperaba ansiosa su salida.
“Llegaron vehículos particulares sin placas, con hombres armados, vestidos de civiles y se estacionaron afuera del penal a modo de tapar toda visibilidad. Mi hermano estuvo incomunicado durante dos días, presentamos una denuncia ante Derechos Humanos”, dijo.
Luego de extraerlo del penal, a mi hermano lo traen dando vueltas en esa camioneta
Terminamos encontrando a mi hermano hasta Nicolás Romero y allá nos decían que lo habían encontrado vagando en Atizapán y que a una patrulla de la policía municipal le pareció sospechoso, lo revisaron y según traía una substancia.
No nos supieron decir que sustancia, que porque la iban a analizar . Me acuerdo de todo lo que nos dijeron, lo tengo tatuado en mi memoria.
Dejaron pasar a mi mamá a ver a mi hermano y él estaba super asustado, visiblemente golpeado de cara. Cuando (los policías) supieron que habíamos avisado a Derechos Humanos le comenzaron a pegar más fuerte
Él hasta le dijo a mi mamá: Ya déjenme aquí, no hagan nada porque ellos me dicen que ya saben en donde viven, que ya saben en dónde están, qué saben cuántas hermanas tengo, que saben en dónde está mi papá, dónde está mi familia y que, si siguen haciendo algo ustedes, les van a hacer algo.
Mi hermano estaba muy golpeado, asustado, se medio levantó la camisa, y dijo que le habían puesto una bolsa en la cabeza y le decían que tenía que firmar unos papeles y que solo escucho que lo llevaron con “una madrina”. Tres días después llegó la orden de aprehensión”.
TAR
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